5. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CAPARROS

Ley Yolanda

La problemática vinculada al cambio climático ha adquirido una complejidad y una relevancia para el presente y el futuro de la humanidad que la acción conjunta de todos los países, la voluntad política de sus dirigentes, la cooperación científica y el compromiso social serán fundamentales para afrontar con éxito sus consecuencias.
Los efectos del cambio climático en nuestro país serán palpables no solo por su incidencia sobre las capacidades productivas, amenazando la seguridad alimentaria, sino también por la amenaza que estos cambios pueden representar sobre las condiciones de vida de poblaciones enteras.
Esta situación nos obliga a diseñar nuevas políticas y estrategias, así como la inversión en capacidades que nos permitan superar el desafío que constituye, para un país, desarrollarse con un clima desafiante. Afrontar este desafío implica pensar en políticas integrales que comprendan acciones y políticas que permitan identificar la magnitud del problema, operar sobre las causas y mitigar sus impactos. Requiere el compromiso de los tres poderes del Estado y el de todos los habitantes.
La modificación de las pautas de producción y consumo, la integración de la infraestructura, tecnología y aspectos institucionales constituyen los pilares fundamentales. Esta modificación está estrechamente vinculada a la necesidad de promover un cambio cultural, una verdadera revolución en la conciencia social sobre los alcances del cambio climático y las consecuencias irreversibles que pueden presentarse de no mediar una transformación en nuestra relación con la naturaleza.
Desde esta perspectiva, la Ley Yolanda promueve la implementación de instrumentos de capacitación y concientización, en materia de ambiente en general y cambio climático en particular, para ser aplicados en los tres poderes del Estado Nacional. Estas herramientas permitirán fortalecer las capacidades del Estado, dotando a todas aquellas personas que inciden, directa o indirectamente, en el diseño y la implementación de políticas públicas.
Esperamos que esta iniciativa no solo constituya un aporte para la concientización de aquellas personas que toman decisiones que inciden sobre las cuestiones ambientales, sino también una práctica que continúe fortaleciendo el vínculo necesario entre la comunidad científica y la gestión pública. Resulta fundamental que este diálogo fluya en los ámbitos donde aún puedan persistir dificultades para comprender situaciones complejas y fenómenos emergentes, cuyos riesgos demandan acciones urgentes en contexto de gran incertidumbre.
Finalmente, la promoción de estos procesos de formación y capacitación, caracterizados por el involucramiento de las personas tomadoras de decisión en diálogo con especialistas e investigadores en medio ambiente, permiten reforzar la dimensión participativa y las prácticas compartidas de conocimiento y de estímulo a la responsabilidad de transitar el camino hacia una Argentina donde el desarrollo sostenible constituya el denominador común de todas las políticas públicas.
Este proyecto, que seguramente será complementario de la futura ley para la implementación de la educación ambiental integral en la República Argentina que fuera enviada por nuestro gobierno nacional, deja claro que las políticas ambientales tienen un lugar central en la agenda para la reconstrucción de nuestra patria que se han propuesto el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández.