El 2020 se pensaba como un año crítico, en el que debíamos hacer frente a una crisis económica profunda y cruel que nos dejaba el gobierno del expresidente Macri. Acumulábamos ocho trimestres de caída interanual del PBI de 3,4 por ciento, incluyendo el primero de este año. Sumado a esto, enfrentamos una caída del consumo y un endeudamiento sin precedentes.
Esta situación agobiante, solo se agravó con la aparición de un escenario inédito: la pandemia provocada por el COVID-19. Todos los indicadores económicos empeoraron. Todos las economías provinciales fueron castigadas por la pandemia que nos obligó a tomar medidas duras como el aislamiento, para preservar la salud de todos y todas las argentinas.
El impacto de la pandemia, sumado al arrastre de emergencia económica en la que nos encontrábamos, exigió un esfuerzo extraordinario del Estado y de este gobierno para fortalecer un sistema de salud casi quebrado, sostenido por sus trabajadores.
También hubo que asistir a las empresas a través de medidas como el ATP, para que los trabajadores no vieran afectados sus salarios, y para las familias que no contaban con ingresos formales, que vivían del trabajo del día a día, se creó el IFE. Esto constituyó un esfuerzo enorme, y se actuó con rapidez para minimizar el daño que la pandemia y el aislamiento provocaban irremediablemente.
Este proyecto apunta a pedir un esfuerzo ahora a quienes pueden hacerlo, a quienes están en condiciones de aportar con poco en relación con lo que tienen, para que muchos argentinos vean y sientan que todos y todas hacemos nuestra parte en sacar adelante la Argentina.
El proyecto prevé el cobro, por única vez, de una tasa del 2 por ciento a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado hasta la fecha de la promulgación de la ley un patrimonio de más de 200 millones de pesos. La recaudación de ese aporte se destinará en un 20 por ciento a la compra o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20 por ciento a las pymes, 15 por ciento a los programas para el desarrollo de los barrios populares, 20 por ciento a becas al programa integral de becas Progresar y 25 por ciento a programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de ENARSA. Se fija que la tasa se elevará al 2,25 por ciento en casos de fortunas entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50 por ciento, entre 400 y 600 millones, y al 2,75 por ciento en la franja de 600 a 800 millones de pesos. La tasa subirá al 3 por ciento cuando los patrimonios oscilen entre 800 y 1.500 millones de pesos, al 3,25 por ciento para fortunas de 1.500 a 3.000 millones de pesos y, a partir de esa cifra, será del 3,5 por ciento.
Por el total de bienes en el exterior se tributará un recargo del 50 por ciento sobre la alícuota que le correspondiera; pero si la persona trae el 30 por ciento de las tenencias financieras que tiene declaradas afuera, el diferencial se elimina y paga por todo como si lo tuviera en el país.
Según la base de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sobre los contribuyentes del Impuesto sobre los Bienes Personales, 253 personas humanas con bienes declarados en el país y en el exterior por una suma mayor a los 3.000 millones de pesos realizarían el 50 por ciento del aporte total.
La AFIP espera recaudar 307.000 millones de pesos el 1,1 por ciento del PBI del corriente año , que alcanzaría a un universo potencial de 9.298 personas.
Estos son los puntos centrales. No es complejo el análisis: es simplemente la práctica de la justicia social a través de una redistribución del ingreso, una pequeña reparación a tanta desigualdad que en cada crisis se profundiza.
Esta es una iniciativa clara y transparente sobre de dónde viene y hacia dónde va lo que se piensa recaudar, un primer paso hacia ese camino de justicia e igualdad de oportunidades al que siempre debemos dirigirnos.