2. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA APARICIO

Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 5 de enero de 2016

En nuestro carácter de legisladores nacionales debemos velar por el respeto a nuestra Constitución Nacional, que sabiamente estableció de forma equitativa y justa la asignación de recursos y que quedó claramente estipulado en su artículo 75, 2° párrafo, inc. 5, que dice: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
Sabiamente la Constitución impone que ante la transferencia de facultades y funciones debe hacerse de los recursos necesarios, e impone la obligación de tratamiento a este Congreso.
Entiéndase bien: no estamos hablando de coparticipación, sino de asignación de recursos los, que una vez que este proyecto se transforme en ley serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal.
El Consenso Fiscal, aprobado por la ley 27.429, en ningún momento estableció el monto que se debía incorporar al pago de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por este traspaso. No hubo aprobación, ni del decreto 194/16, por el que Macri discrecionalmente elevó la coparticipación de 1,40 por ciento a 3,75 por ciento a favor de su socio político Rodríguez Larreta, bajo el paraguas de la transferencia de las fuerzas de seguridad, ni cuando en marzo de 2018 la redujo un poco al 3,50 por ciento. Pero, reitero, este porcentaje no estaba consensuado en ningún lado con el resto de las provincias argentinas, ni había pasado por el Parlamento de la Nación.
De igual manera, Macri derogó el Fondo Federal Sojero, por el que nos sacaron a las provincias argentinas y a los municipios el 30 por ciento de lo que nos correspondía de los recursos que ingresaban en materia de retenciones a la soja.
Durante el gobierno macrista el aumento de las transferencias a las provincias fue de 3,6 veces mientras que el aumento para la Capital fue de 10,6 veces.
El aumento de los fondos coparticipables se realizó sin respaldo técnico económico, ni financiero, ni fiscal, y luego, a través de un nuevo decreto, que tampoco justificó la razonabilidad del incremento respecto de los gastos destinados a asumir, se estableció que estos debían ser destinados para el funcionamiento institucional de seguridad pública en todas las materias no federales.
Si sumamos el acumulado desde su implementación en 2016 hasta 2019, los gastos netos fueron 39.525 millones y el incremento de coparticipación de la Ciudad fue de 125.794 millones. Es decir que la Ciudad se quedó con 86.269 millones que no correspondían porque no eran parte de ese traspaso y del convenio.
Macri decretó un aumento de coparticipación de la Ciudad en forma unilateral, cuando debió haberlo sometido a debate parlamentario, o bien adjudicando fondos específicos para las funciones delegadas como lo hace este proyecto.
El propio exministro del Interior Frigerio reconoció que los montos transferidos a la Ciudad de Buenos Aires representaban más de los correspondientes al traspaso de la Policía Federal y que por ello harían otro decreto modificatorio. Ahora, los fondos nunca fueron devueltos a Nación.
Los decretos de Macri favorecieron a Larreta con un excedente de fondos que sirvieron para la utilización política, no solo alcanzaban y sobraban para cubrir los costos de la policía traspasada, sino que el excedente se utilizó para otros gastos que no tenían nada que ver con ese destino.
Es por ello que este proyecto viene a garantizar el cumplimiento de las obligaciones y facultades trasladadas a la Ciudad de Buenos Aires, conforme a derecho y con criterio de equidad, de razonabilidad, de transparencia y federalismo.
Por eso adelanto mi apoyo al proyecto de ley.