3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ASSEFF

Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 5 de enero de 2016

Quita de más de un punto de la coparticipación a la ciudad.
“Me repugna la opulencia de la ciudad frente a la miseria del Interior”, dijo hace un mes el presidente de la República, profesor universitario y vecino de la Avenida Santa Fe esquina Bulnes, en el comienzo del coqueto barrio de Palermo. Es la demagogia del siglo XXI, la degradada, la de peor especie, la burda y barata, y la irresponsable e impropia de un estadista. Porque un hombre de Estado lo primero que hace es tratar de unir, nunca dividir a su pueblo, y menos si gobierna un país agrietado desde su origen. Un estadista sería consciente de que la desunión nos hizo perder la vastedad de las Provincias Unidas de Sudamérica de la que habla, y no de casualidad, el Acta de la Independencia.
Ese faccionalismo nos demoró nuestra organización medio siglo. Ese sectarismo segó que emergiéramos como potencia mundial en las primeras décadas del siglo XX y, en contraste, padeciéramos ese bochornoso golpe del 6 de septiembre de 1930, que es el primer hito de nuestra decadencia que arrastra noventa largos años, apenas con algunos interregnos de falaces intervalos lúcidos.
En 1980, con beligerancia mediante, Avellaneda y Roca pusieron fin a la histórica controversia sobre la capitalidad de Buenos Aires. Empero, persistió la rivalidad de porteños versus provincianos, antagonismo que reitero un estadista moderno está obligado moralmente a diluir, a superar, a dejar para los libros de historia, a inhumar.
Hoy Buenos Aires y el interior deben aunarse para que el país retome el perdido rumbo de prosperidad general. Un gobernante responsable debería empeñarse en cumplir la violada cláusula transitoria sexta de la Constitución: al 31 de diciembre de 1996 debimos disponer de un régimen legal de coparticipación de los recursos fiscales federales con arreglo al inciso 2 del artículo 75.
Empero, ¿qué promueve el oficialismo? Privar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 65.000 millones de pesos anuales, atándola de manos, y quizás de pies, para que no pueda construir más escuelas esas que el Poder Ejecutivo nacional mantuvo inadmisiblemente cerradas en 2020 mientras se rehabilita todo, incluyendo casinos y salas de baile-, subtes, viviendas sociales, mejorar la salud pública porteña y hasta se complique el pago de salarios a su Administración.
Lo caricaturesco sin dejar de ser patético es que 3 millones de bonaerenses y miles y miles del interior argentino vienen por distintos motivos, laborales o turísticos, a la ‘opulenta’ ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se atienden en los hospitales, estudian en sus universidades, los del primer cordón del conurbano envían a sus niños y adolescentes a estudiar, e incontables vecinos del Gran Buenos Aires tienen su trabajo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son los que usan el transporte público y son los que perderán más tiempo u obtendrán servicios de menor calidad si se deterioran las prestaciones o se paralizan las inversiones. El castigo no es para los porteños. Es para todos por igual.
Exacerbar el odio y el resentimiento entre argentinos es insano. Merece mi reprobación más redonda y tajante. Usar los recursos fiscales federales para disciplinar políticamente es execrable, y utilizarlos para someter a un gobernante de otro signo político nos retrotrae a las épocas de la arbitrariedad y de las ominosas picardías mal llamadas así con las que se pretende obtener ventajas electorales. Son herramientas remanidas y chapuceras, impropias de un país que dice buscar mejor institucionalidad, o que debería abocarse a ese gran objetivo republicano.
Si apelan a estas bajezas es porque están inseguros. Se sienten crecientemente desnudos de ropaje popular ciudadano. Les van quedando solamente los clientilizados, pero tampoco los tienen fidelizados porque esa gente de nuestro pueblo sabe que en nombre de la inclusión están siendo condenados a una inexorable pobreza y a una estructural exclusión y marginalidad.
Esto que estamos tratando es horrible. Merece mi rechazo más resuelto junto con la impugnación no solo de la letra sino de la intencionalidad aviesa con la que lo ha traído a este recinto.