4. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA JOURY

Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 5 de enero de 2016

Como todos sabemos, esto empezó porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no pudo resolver el reclamo de la policía y el Presidente decidió financiar la seguridad provincial, quitando recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Una medida absolutamente unilateral y arbitraria, que atenta contra el federalismo y vulnera todos los principios constitucionales sobre los que se sustenta nuestro régimen de coparticipación federal.
La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 2, es muy clara al respecto: “Toda transferencia de competencias, servicios o funciones debe hacerse con la respectiva reasignación de recursos y con acuerdo de la jurisdicción que lo recibe”. No cumplieron con ninguna de las dos cosas: ni con la automaticidad ni fue por acuerdo. Fue inconsulta e intempestiva.
Pero además de inconstitucional, es una medida absolutamente inédita porque no hay antecedentes de una quita tan arbitraria de fondos a una jurisdicción para financiar la mala gestión de otra.
Como bonaerense, claro quiero que mi provincia reciba lo que le corresponde, ni más ni menos, pero no sacándoselo a otra, ni de prepo. La provincia de Buenos Aires ha sido históricamente discriminada en el reparto de fondos por dos motivos: el estrictamente económico, por el enorme desfasaje entre lo que aporta y lo que recibe por coparticipación; y el político, por el carácter de presidenciable que tiene la figura del gobernador, y muchas veces, fundamentalmente los gobiernos kirchneristas, por querer bajarle el perfil al gobernador, castigaron a los bonaerenses.
Esa dependencia económica se traduce en debilidad política. Lo vivimos en 2015 cuando Axel Kicillof era ministro de Economía y la provincia recibió el mínimo histórico de coparticipación: el 18 por ciento, cuando aportaba el 37 por ciento del PBI nacional; recibió uno de cada dos pesos aportados.
Por suerte después asumió María Eugenia Vidal y se puso al frente del reclamo por el congelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense, para recuperar lo que nos correspondía a los bonaerenses, algo que ningún gobernador había hecho antes. Ella rompió el molde de la política tradicional, a pesar de que el presidente era de su mismo partido. Presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y logró devolvernos lo que nos correspondía sin sacarle recursos a nadie. Se hizo a través de un acuerdo con todos los gobernadores, un verdadero modelo de consenso federal que este gobierno debería imitar.
Pero nosotros sabemos que este gobierno no busca el consenso. Como buenos kirchneristas que son, todo lo resuelven discrecionalmente: favorecen siempre a los de su propio espacio e intentan disciplinar a quienes piensan distinto.
Nuevamente apuestan por la arbitrariedad pero se disfrazan de Robin Hood. Con el impuesto a la riqueza armaron un relato donde supuestamente le sacaban a los ricos para darle a los pobres. Ahora van por la jurisdicción “opulenta”, según la bautizó el propio presidente. Siguen fomentando la división entre los argentinos y, ahora, el enfrentamiento entre las provincias, cuando lo que deberíamos discutir es el abuso del poder central y la pérdida de autonomía de las provincias.
Para poderlo dimensionar, la quita que proponen implica un ajuste para la ciudad que equivale a ocho meses de salario docente o a diez meses de salarios de los trabajadores de la salud, en medio de una pandemia.
Obviamente, el oficialismo dimensiona este enorme daño, porque el objetivo es claro: ahogar a la ciudad de Buenos Ares. Hay una clara intencionalidad política y el problema de la policía de la provincia de Buenos Aires solo fue la excusa o la oportunidad para hacerlo. Tienen tanto odio y atrasan tanto que incluso muchos de sus referentes, este fin de semana, pusieron en duda la propia autonomía de la ciudad de Buenos Aires, reconocida por la Constitución Nacional.
Este proyecto de ley avasalla a las autonomías provinciales y genera un precedente peligrosísimo: hoy es la ciudad, pero mañana puede ser la provincia de Buenos Aires o cualquiera de las provincias a las que ustedes representan, y esto genera una incertidumbre fiscal enorme.
Necesitamos terminar con los parches y las sábanas cortas con las que tapamos a unos y destapamos a otros. Tenemos que debatir, con un criterio federal, un nuevo régimen de coparticipación, sin discriminaciones ni mezquindades políticas.
El gobierno está eligiendo el camino equivocado y eso hoy lo pagan los porteños, pero a la larga lo vamos a pagar todos los argentinos.