5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RAUSCHENBERGER

Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre el Estado nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 5 de enero de 2016

Estamos ante un proyecto que plantea, por un lado, la aprobación del “convenio de traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, y por otro, la determinación en forma equitativa y justa de los recursos necesarios para llevar este convenio adelante, en el marco de lo fijado por la Constitución Nacional.
Es un proyecto de ley que viene a regularizar una situación inconstitucional, de distorsión deliberada, discrecional, de injusticia y de inequidad, una situación irregular generada hace casi cinco años, en una de las primeras medidas tomadas por el gobierno anterior, allá por enero de 2016.
¿Y porque decimos que estamos ante una situación de estas características? Porque a trece días de firmado ese convenio, el 18 de enero de 2016, se dictó el decreto 194/16, que casi triplicó el índice de coparticipación de la C.A.B.A. del 1,40 por ciento al 3,75 por ciento, sin dar argumentos o justificación ni ningún tipo de informes de por qué se aumentaba el índice ni como se había llegado a semejante aumento.
Días después, ante la falta de argumentos, se dictó el decreto N° 399, del 24 de febrero de 2016, que estableció que los fondos resultantes del aumento del índice de C.A.B.A. debían destinarse al traspaso de la Policía Federal. En este caso podemos decir que hubo un avance, ya que se explicitó el destino, pero siguieron sin decir qué informes o metodología usaron para determinar ese porcentual.
Entonces surgen dos preguntas: una, cuál sería el costo del servicio, qué habían transferido que justificara casi triplicar el índice de coparticipación. ¿Habrían transferido el Pentágono? No, era la Policía Federal.
Y la segunda pregunta sería si es correcto financiar el traspaso de un servicio mediante el aumento del índice coparticipable.
Respecto al costo del servicio transferido, hay que recordar que cuando Cristina Fernández de Kirchner deja su gobierno, el presupuesto 2016 estaba aprobado y en las planillas correspondientes estaba muy claro cuánto costaba la Policía Federal en C.A.B.A., a cargo del Estado nacional.
Comparando esas planillas contra cuánto significaba el aumento del índice de coparticipación, las cifras eran escandalosas; el exceso de fondos hacia la C.A.B.A. estaba en marcha.
Acá se verifica la injusticia, la inequidad, la discrecionalidad, porque injustificadamente le da recursos de más al distrito más rico del país en una clara discriminación positiva hacia la Ciudad.
Respecto al método por aumento del índice, creemos que fue incorrecto, porque si la coparticipación sube, se reciben más recursos, pero si baja, el servicio se desfinancia. El procedimiento adecuado es costear el servicio y pasarlo presupuestariamente por una suma actualizable, que es lo que plantea el proyecto; con esto se protege a la C.A.B.A. de los vaivenes de la recaudación.
En cuanto a la legalidad, la Legislatura de la C.A.B.A. aprobó el convenio el 18 de enero de 2016. ¿Pero qué pasó en el Congreso?
Y aquí hoy nos acusaron de querer evadir el Congreso. Éste decreto no se trató nunca aquí porque Macri nunca lo envió al Congreso, porque de haberlo hecho hubiera quedado en evidencia esta maniobra deliberada. Por eso es inconstitucional, porque no cumple con el artículo 75 inciso 2º de nuestra Constitución, porque no fue aprobado por el Congreso.
En virtud del Consenso Fiscal 2017, ese porcentaje del 3,75 por ciento se redujo por decreto N° 257/18 al 3,50 por ciento a partir del 1° de enero de 2018. Eentonces nos dicen que ese consenso fiscal ratificó el decreto 194/16. Eso es totalmente falso. El consenso mandó a modificar ese decreto porque, al derogarse el artículo 104 de la ley de impuesto a las ganancias y modificarse la asignación específica del impuesto al cheque, aumentaba la masa en exceso para la C.A.B.A., producto de este procedimiento erróneo de transferir el servicio por índice y no por el verdadero costo.
Ese consenso en ningún momento estableció el monto que se debía incorporar a la Ciudad Autónoma por el traspaso, ni tampoco el porcentaje del 3,50 estuvo consensuado con el resto de provincias argentinas ni pasó por el Congreso.
Lo que sí sucede es que esto evidencia el primer reconocimiento implícito de que se les había ido la mano y que, además, el mecanismo de aumento por índice de coparticipación, era incorrecto.
Por todo esto decimos que el decreto 194/16 planteó un incremento de la coparticipación que es ilegal, en exceso y por un mecanismo incorrecto.
La doctrina es conteste al señalar que la exigencia de fundamentar los actos de gobierno tiene raigambre constitucional. El artículo 1° de la Constitución Nacional consagra la forma republicana de gobierno; de allí proviene la necesaria publicidad de los actos de gobierno, que permite que el pueblo tome conocimiento tanto del accionar de sus representantes como de las razones que lo explican.
Por otra parte, la citada exigencia es una de las derivaciones del principio de razonabilidad que se extrae del artículo 28 de la norma fundamental y, como señala María Angélica Gelli, demanda que "...las decisiones se justifiquen siempre, aun si quien ejerce algún tipo de poder estatal lo hace en uso de facultades discrecionales" (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina - Comentada y Concordada, 4ta. edición, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2008, tomo I, pág. 422). Es a todas luces evidente que los decretos 194/16, 399/16 y, con ellos, el decreto 257/18, no dieron cumplimiento al requisito de fundamentación suficiente.
Este hecho no pasó inadvertido. Desde la provincia de La Pampa, desde el primer momento hicimos los reclamos en los distintos foros federales, ya sea por nuestro gobernador, por entonces el ingeniero Carlos Verna, como las autoridades del Ministerio de Hacienda. Eso generó mi inquietud respecto al tema y el estudio correspondiente con el equipo del Ministerio de Hacienda, que motivó la presentación, el 9 de abril de 2019, del proyecto de mi autoría identificado con el número 1675-D-2019, con el acompañamiento de legisladores de distintos bloques.
Al día siguiente, el 10 de abril de 2019, vino a este recinto, por primera y última vez en ese año, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien en parte de su exposición hizo referencia a este tema, en cuanto a que el gobierno de Macri había hecho una reparación de la discriminación que, según él, había sufrido la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello motivó que durante mi intervención en esa sesión hiciera referencia al proyecto presentado y que evidenciaba una discriminación, pero positiva, que con el proyecto pretendíamos corregir. Y en ese momento también le dije que era un exceso, una ilegalidad y que no se había hecho por el mecanismo adecuado.
Quiero, en particular, expresar satisfacción porque el proyecto que estamos debatiendo, junto al decreto 735/20, están en total sintonía con lo que presentamos el año pasado, y que se menciona como antecedente en el mensaje del proyecto que estamos tratando.
Ahora bien, ¿cómo da solución a este tema nuestro gobierno?
Por un lado, se mejora el proyecto original, ya que plantea que, sobre la base del diálogo, se acordará qué participación le corresponde a la C.A.B.A. de acuerdo al artículo 8º de la ley 23.548, que en el proyecto original se fijaba en 1,40 por ciento. Y, segundo, que también mejora en cuanto a la suma necesaria para atender el costo del servicio transferido, ya que los 24.500 millones son a cuenta y hay sesenta días para ponerse de acuerdo. Esto significa que el diálogo está asegurado, que no hay ninguna imposición contra nadie y que la voluntad de nuestro gobierno está muy clara. Y marca la diferencia entre la visión de federalismo de Macri y la de Alberto Fernández. Macri, por un lado, le dio fondos en exceso al distrito más rico del país en un acto unitario y de injusticia y, por el otro, les quitó el fondo de la soja a las provincias.
Y cumpliendo con la Constitución, aprobamos el convenio y fijamos los recursos necesarios para su atención. El objetivo es que la C.A.B.A. no reciba de más ni de menos, sino que reciba lo que le corresponde. Esto no le saca nada a C.A.B.A.; simplemente le deja de dar de más y le asegura un financiamiento justo y equitativo.
Eso significa una suma de 24.500 millones de pesos para 2020, que surge de informes técnicos que esta vez sí existen, informes de la Contaduría General, del Ministerio del Interior y de la Policía Federal, entre otros.
Esa suma se ha cuestionado. Y, en realidad, creo que los números son muy benévolos para la C.A.B.A.. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque la incidencia de los sueldos de la Policía Federal es del orden del 97 por ciento, y tomar el 80 por ciento, en base al IPC de CABA, le favorece en esta relación precios-salarios, donde el IPC crece más que los sueldos.
En segundo lugar, porque no resta los recursos que la Policía Federal percibe por la seguridad en los espectáculos deportivos.
Y tercero, porque no estamos contemplando en el proyecto la devolución de los 86 mil millones que recibieron de más.
Nos dicen que es insuficiente. Eso es totalmente falso. Aquí hay una posición aviesa y deliberada del gobierno de la Ciudad de confundir el servicio transferido con la finalidad seguridad pública, que por supuesto es mucho más porque suma el anterior gasto en la Policía Metropolitana y otras acciones de fiscalización municipal en la vía pública. En síntesis, la Nación debe financiar el servicio transferido, no todo el servicio de seguridad de la C.A.B.A.
Otra cuestión que tiene que quedar muy clara es que esta no es una discusión por la coparticipación, que seguramente en algún momento tendremos que darla. Este es un tema entre la C.A.B.A. y el gobierno nacional por la transferencia de un servicio.
Vale entonces resaltar que todos los recursos que por este concepto perciba la C.A.B.A. son exclusivamente a expensas del presupuesto de la administración nacional, atento a que el gobierno nacional cede una porción de su participación en la coparticipación federal. Son recursos del Tesoro nacional. No es una pelea de la Ciudad de Buenos Aires con el interior. No es contra nadie. Son fondos del Tesoro nacional que vuelven al Tesoro nacional.
Este proyecto de ley no le saca beneficios a la Ciudad Autónoma. Lo que Macri le dio no fue un beneficio, sino que fue lisa y llanamente un privilegio, y hoy lo que estamos haciendo es ponerle límites a ese privilegio.
A su vez, se nos dice que es demasiado el monto de recursos que la C.A.B.A. dejaría de recibir. En realidad, es cierto que es mucho lo que deja de recibir de más, pero no hace más que poner en evidencia la tremenda magnitud del monto que Macri le dio de más.
¿Por qué se hizo ni bien empezó el gobierno de Macri? ¿Y por qué no hubo informes, ni metodologías, ni tampoco se mandó al Congreso el convenio para su aprobación? Esto fue deliberadamente oculto y falto de transparencia, porque de esta manera se perseguía dotar de mayores recursos a la C.A.B.A. para cubrir, mediante ese exceso de fondos, el desequilibrio que había generado el expresidente en sus ocho años de gobierno, y a su vez beneficiar al principal socio político: Rodríguez Larreta. Fue una necesidad concreta de seguir financiando el modelo que le sirvió a la derecha como plataforma nacional.
Porque estamos ante un proyecto que protege a la C.A.B.A. de los vaivenes de la recaudación, que le pone límite al exceso que generó Macri, porque soluciona una situación de injusticia e inequidad, y porque en definitiva pone las cosas en su lugar, acompaño con profunda convicción la presente iniciativa.