13. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA VESSVESSIAN

Modificaciones al Código Penal sobre la regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto

Estamos asistiendo a un debate en el que resulta claro que hay discrepancias profundas que no serán saldadas. Sin embargo, pienso que es importantísimo que podamos entender los puntos de vista de quienes no piensan como nosotros. Solo así podremos superar rotulaciones que extreman las diferencias y tensionan innecesariamente esta discusión, que requiere de la máxima seriedad y compromiso, porque estamos abordando un problema muy complejo, desde el punto de vista social, sanitario, y también desde lo subjetivo.
Esto lo he palpado en innumerables oportunidades como militante, como Trabajadora Social, y también como funcionaria. En las distintas responsabilidades que me tocaron, generalmente en los equipos de nuestra actual gobernadora Alicia Kirchner, siempre he tenido la posibilidad de trabajar en el territorio y de conocer a las personas o las familias que son sujetos de las políticas públicas.
Debo decirles que son incontables las experiencias penosas que rodean a los abortos, a veces desgarradoras. Hablo tanto de los orígenes del embarazo que es interrumpido como de sus consecuencias posteriores. Pero nunca conocí ninguna experiencia que haya sido irrelevante, y menos todavía, que fuera motivo de orgullo.
A nadie de quienes estamos aquí escapa que la interrupción de un embarazo es una circunstancia indeseada, desgraciada, dolorosa, aun cuando haya sido una elección voluntaria. Y creo también que nadie pretende estimular la ocurrencia de interrupciones. De lo que sí se trata este debate, es de que, ante la decisión tomada, ese trance no sea ni peligroso ni motivo de persecución penal.
Tenemos que reconocer que el modo en que ha sido abordada la problemática del aborto hasta ahora no ha sido efectivo para desalentarlo.
Solo nos ha llevado a la criminalización de un verdadero drama y a la ocurrencia de prácticas, en la ilegalidad y la inseguridad, que resultaron dañinas y lesivas para sus protagonistas, muchas de las cuales lo pagaron con su vida.
¿Por qué obtendríamos resultados distintos si persistimos en el mismo enfoque?
Ante la abrumadora evidencia de que los abortos seguirán ocurriendo es necesario tomar una opción por la salud de esas personas que han tomado una decisión que yo no pienso juzgar.
A lo largo de las informativas hemos visto varios estudios que nos marcan que la legalización de los abortos no incrementa el número de casos. En los países con buenas estadísticas sobre los abortos legales, estos no tienden a crecer. En algunos, incluso, sucede lo contrario. La salud de las mujeres y personas gestantes se ve menos amenazada porque se interviene en forma temprana y profesionalmente. Eso permite, a la vez, que predominen los métodos menos invasivos y más seguros. También disminuyen las intervenciones por complicaciones derivadas del aborto, así como la mortalidad.
En síntesis, este cambio legislativo no tiene impacto sobre cuál es la decisión que se va a tomar, sino sobre cómo, una vez tomada esa decisión, se ejecuta de un modo más seguro y en el ámbito adecuado.
Asimismo, la atención a posteriori y el acceso a información, educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces, nos permite tener expectativas de reducción de este tipo de eventos.
Es importante valorizar esta iniciativa, contextualizada dentro del debate legislativo, ya que simultáneamente estamos tratando el proyecto popularizado bajo el nombre de “1.000 días”, de atención y cuidado a las personas embarazadas y niños y niñas durante sus primeros tres años de vida.
Creo que uno de los mayores desafíos que nos queda por delante es el de lograr una transformación institucional profunda que garantice la implementación efectiva de las políticas de salud sexual y reproductiva que, a la fecha, siguen mostrando profundos déficits.
Todas y todos estamos al tanto de las falencias prácticas de la legislación referida a la educación en estos ámbitos, la del acceso a información y métodos anticonceptivos e, incluso el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo con las causales previstas.
Debemos interpelar a las instituciones en todos los niveles para modificar esos comportamientos que terminan impidiendo los objetivos perseguidos por la sociedad y el Estado. No es admisible el incumplimiento de las misiones institucionales por la voluntad o la falta de voluntad de sus integrantes.
La correcta aplicación de las disposiciones de esta ley, tal vez incluso más que en los ejemplos anteriores, requiere de la revisión y corrección de esas prácticas.
No tengo duda de que para lograrlo es imprescindible poner en valor el concepto de “servicio” en los sistemas sanitarios, poniendo en el centro de la acción las necesidades de aquella persona que acudió en busca de ayuda.
Por eso mismo son tan altas las expectativas que ponemos en el comportamiento del personal de salud, que deberá garantizar: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad en la atención.
Otro aspecto que es necesario considerar es que esta ley es una herramienta que ayuda a reducir las inequidades existentes, extendiendo este derecho a todas las mujeres y personas gestantes, con independencia de sus capacidades económicas o coberturas de salud.
Quiero retomar un concepto que ya he mencionado: la interrupción de un embarazo es una circunstancia indeseada, desgraciada, dolorosa, aun cuando es voluntaria.
Garanticemos entonces, para aquellas personas que así lo deciden, que no deba ser además un evento más peligroso de lo que ya es, sacándolo de la clandestinidad. Y sustituyamos la criminalización por la prevención y la empatía con nuestras compatriotas que atraviesan un trance tan atemorizante y dramático.