Hemos escuchado hasta aquí diversas opiniones; han venido a este Congreso de la Nación cincuenta expositores expertos en diversas temáticas jurídicas, sociales y científicas, y todas son respetadas. Cada uno ha justificado sus criterios, sus creencias, su ideología, su religión, su opinión, desde su verdad absoluta inobjetable.
Lamentablemente, cuando esto sucede nos encontramos desmereciendo, desvalorizando, desacreditando y juzgando a las otras personas que piensan distinto a uno, que no coinciden con esa verdad, con su verdad. Faltamos el respeto y no nos escuchamos.
Sin embargo, en este Congreso tenemos que dejar nuestras creencias a un lado y observar “la única verdad, que es la realidad”. Es la realidad la que debe interpelarnos y sobre la cual debemos trabajar.
Los abortos existen. Existen abortos en condiciones de asepsia y existen abortos en condiciones clandestinas. Existen abortos para personas pudientes y abortos para personas pobres; y quienes no tienen recursos, quienes se encuentran en esta situación de mayor vulnerabilidad, son las que pagan con su cuerpo y con su vida las consecuencias de la clandestinidad.
Este debate no es “aborto sí” o “aborto no”. Yo no estoy a favor del aborto, y ojalá nunca nadie tenga que pasar por aquella situación, pero si por alguna razón sucede, como legislador tengo el deber de que aquella interrupción sea de manera legal, segura y gratuita.
¿Cuál es la mejor opción: regular y controlar, o seguir prohibiendo e invisibilizando?
Nosotros somos representantes del pueblo, y nuestra Constitución, de la que tanto aquí se habla como contraria a esta ley, en su artículo 75 inciso 23 establece que tenemos el deber de “legislar y promover medidas de acción positiva respecto de las mujeres”. Miren si la mujer no es la gran discriminada de la historia que en nuestra Ley Suprema debemos tener un artículo que nos indique y nos recuerde que debemos promover acciones positivas para ellas.
Entonces, en este contexto yo mismo me cuestiono lo siguiente: ¿la ley que estamos debatiendo debe tener la voz de los varones, quienes no somos cuerpos gestantes y sí privilegiados?, ¿debe tener la voz de las ciencias, de las instituciones? ¿O debe tener la voz de aquellos cuerpos gestantes protagonistas de esta realidad social, que han experimentado o podrían experimentar situaciones que les marcan y condicionan el futuro y el ser?
Ciertamente, son las mujeres las que han venido a mostrarnos una realidad respecto de la cual por muchos años hemos mirado hacia un costado, porque este machismo patriarcal en el que crecimos siempre nos desligó de las responsabilidades y las cargó todas en los cuerpos gestantes.
La realidad no es igual para todos; existen realidades totalmente distintas unas de otras. Justamente, en este Congreso se han estado trabajando dos proyectos de ley. Uno de ellos es el de los mil días, destinado a aquellos cuerpos gestantes que anhelan y desean ser madres, garantizando desde el Estado que su condición económica no impida aquel embarazo deseado, acompañándola, cuidando su salud y la de su hijo o hija.
Pero hay otra realidad también, y es que se estima que en Argentina se realizan entre 370.000 y 522.000 interrupciones de embarazos por año. Y es por este motivo que es una cuestión de salud pública, y es por este mismo motivo que hoy estamos tratando una ley que tiene que ver con aquellos cuerpos gestantes que por cuestiones personales, que de ninguna manera me atrevo a juzgar y permítanme decirles que aquí nadie tiene autoridad para hacerlo , deciden interrumpir su embarazo.
Entonces, discutamos la igualdad en las condiciones sanitarias de quien elige interrumpir un embarazo, porque si los abortos ya suceden, nuestro deber es brindar las herramientas que aseguren la igualdad y seguridad de esta práctica.
El doctor René Favaloro diría: “Que la mujer pobre caiga en ese mundo horroroso donde mueren tantas mujeres, mientras la chica con plata va a una clínica de prestigio, le hacen todo sin que nadie se entere y a la tarde se va a bailar… Esa desigualdad no me gusta. Con aborto legal no habrá más ni menos abortos; habrá menos muertas. El resto es educar”.
En este sentido, no quiero dejar de mencionar que esta ley no debe ser una política aislada, y se encuentra acompañada de políticas integrales que garanticen la Educación Sexual Integral y la provisión de métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos no deseados.
También he escuchado que muchos justifican su verdad, su opinión, desde la normativa. Sin embargo, me gustaría recordar que la legislación es formulada por personas, las mismas personas que en su momento legislaron que la mujer que se casaba pasaba a ser considerada una incapaz bajo la potestad del marido. Y es aquí donde se hace visible esta aparente contradicción y arbitrariedad machista, en que decidimos que una mujer podía acceder al voto pero en la esfera de los contratos privados necesitaba del permiso del hombre para salir del país, para abrir una cuenta bancaria, para disponer de bienes.
De la misma manera, encontramos esta contradicción en el año 1921, en el que un Congreso totalmente compuesto por hombres decidió que el aborto iba a ser legal pero solo por determinadas causales. Es decir, el dilema del derecho a la vida de la persona se ha resuelto hace cien años, al permitir la interrupción legal del embarazo en los casos de peligro para la vida o la salud de la mujer, o en caso de violación.
Entonces, si en estos casos se resguarda la autonomía de decidir si continuar o no con el embarazo, ¿por qué se las castiga a las mujeres en aquellas causales que el hombre omitió legislar? ¿Por qué nadie ha discutido hasta entonces si era persona y venimos, cien años después, justamente cuando queremos reconocer este derecho?
Las normas deben ser dinámicas y adecuarse a la realidad social. Por eso deben entenderse de manera progresiva, gradual y garantista, con una interpretación que permita comprender y empatizar con las distintas realidades y necesidades de la sociedad.
Yo no puedo aceptar no querer cambiar las cosas porque esta realidad a mí no me afecta sino que oprime a otras y otros. Porque para eso estoy acá: para legislar las cambiantes necesidades del pueblo, pero sobre todo para defender a quienes en esta sociedad se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Yo estoy acá para defender y reconocer sus derechos. A ellos y ellas es a quienes debo representar y por quienes debo trabajar.
Una persona que aborta clandestinamente se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Una persona que aborta no es libre; lo hace con miedos, con el riesgo de ser juzgada, criminalizada o, peor aún, de perder su vida.
Esta ley no crea obligaciones hacia los cuerpos gestantes, sino que garantiza, sin exclusiones, un acceso real y equitativo al derecho a la salud para todas las mujeres.
Que sea ley.
Que sea la conquista de los derechos de las mujeres, que desde hace años vienen luchando.
Que sean la empatía y la solidaridad las que primen hoy en este Congreso, y no el egoísmo y las creencias personales.
Y si hoy no es ley, que por lo menos ese egoísmo que hoy existe se encuentre cada vez en menos personas. Es el anhelo de quienes pensamos en el otro. Solo así lograremos un verdadero cambio. Solo así, será ley.