El valor de una comunidad es mensurable por la calidad de sus recursos humanos. Las capacidades de la población constituyen, sin lugar a dudas, el principal activo de la sociedad. Y éste se consolida en magnitud desde la fecundidad y en lo cualitativo mediante el desarrollo de infancias sanas. En tal sentido, la salud de las personas gestantes y durante los primeros estadios de la niñez resulta crucial.
La responsabilidad estratégica del Estado, como promotor de las políticas públicas pertinentes, es indelegable. Nuestro plexo normativo reconoce la protección integral y explícita de los derechos de niñas y niños. Con la sanción de esta ley muchos de esos derechos dejarán de ser abstracciones principistas para convertirse en objetivos concretos y realizables de gestión.
La fría estadística nos golpea con terribles cifras de pobreza infantil. Más de 6 de cada 10 niños y niñas tienen sus necesidades básicas insatisfechas, lo cual constituye una fotografía espantosa de nuestro presente. Es, además, una gravísima amenaza que pende sobre el futuro la Argentina. Cuando más de 8 millones de jóvenes pobres nos interpelan, el tiempo apremia y nos intima a tomar decisiones urgentes.
La propuesta elevada por el Poder Ejecutivo es, por lo tanto, acertada en sus metas y significa un importante avance en sus prescripciones. El aporte de mis colegas durante el tratamiento en el plenario de comisiones ha contribuido a enriquecer su contenido. Especialmente, por la incorporación de equipamiento, capacitación y procedimientos diagnósticos de alta complejidad, el acceso a estudios de morfología fetal y la inclusión de indicadores sociosanitarios como insumo estadístico.
Seguramente se trata de una norma perfectible, pero la intención y las medidas a implementar son encomiables. A las propuestas de seguridad social, relativas a la creación de la Asignación por Cuidado de Salud Integral y a las ampliaciones del alcance de la Asignación por Embarazo, se suman otras políticas de fuerte impacto. Vale destacar las registrales, orientadas a garantizar el derecho a la identidad y la inserción plena de las personas en el marco de la formalidad social; las sanitarias, concebidas con perspectiva integral, compromiso con la medicina preventiva y con la atención de los lazos familiares; las que atienden situaciones de vulnerabilidad especial, frente a condiciones que se relacionan con partos riesgosos –como la trombofilia-, enfermedades congénitas y situaciones de contexto violento, entre otras. Es rico, además, el esbozo de interdisciplinariedad que se refleja en la composición de la Unidad de Coordinación Administrativa.
Muchas provincias ya han avanzado en políticas activas para la protección del embarazo y de las infancias. Sirva de ejemplo el caso de Córdoba. A través de la Dirección General de Córdoba Con Ellas, dependiente del Ministerio de la Mujer, la provincia ejecuta un protocolo de actuación para detectar eventuales atentados contra la integridad sexual en casos de embarazo de menores de quince años, protegiendo a la gestante y a su bebé. También cabe mencionar a las leyes provinciales 10.342, conocida como subsidio al cuarto mes de licencia por maternidad, y 10.533 sobre Programa Salas Cuna destinado a la población en situación de vulnerabilidad social.
Por los motivos expuestos y con las observaciones señaladas, desde el Bloque Córdoba Federal celebramos el debate de este proyecto y lo acompañamos con nuestro voto favorable.