8. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA OCAÑA

Modificaciones al Código Penal sobre la regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto

La discusión que nos trae hoy acá no es sobre si está bien o está mal la decisión de una mujer, sino que la discusión está dada en si queremos que el Estado continúe mirando hacia un costado e ignore que miles de mujeres acceden a prácticas clandestinas que ponen en peligro su salud, incluso con la posibilidad de llevarlas a la muerte, o si, por el contrario, aceptamos de una vez y para siempre que los abortos existen y decidimos con responsabilidad acompañar a esas mujeres.
Debemos desmitificar el hecho de que porque sancionemos esta ley en la Argentina van a existir más abortos. Esta ley no quiere más abortos, por el contrario, esta ley busca que haya muchos menos abortos, y si los hay que sean lo menos riesgosos posible.
Las mujeres no desean quedar embarazadas para abortar, y esa es una falacia que entiendo que no puede ser sostenida ni por los/as opositores/as más fervientes.
Desde aquel debate hasta acá, lamentablemente, hemos visto atrocidades, como por ejemplo que se haya intentado obligar a parir a una niña de tan solo 11 años violada por su abuelo, porque no había un solo profesional dispuesto a realizar una práctica, que para el supuesto de la violación es legal desde 1921 en nuestro Código Penal. Son este tipo de situaciones las que debemos erradicar.
Los organismos internacionales han considerado que obligar a mujeres a continuar embarazos no deseados, y más aún producto de una violación, es una causal de tortura, trato cruel, inhumano y degradante. ¿Esto permitimos? ¿Esto abogamos con nuestra omisión?
Prohibir a una mujer interrumpir un embarazo no deseado y mirar hacia otro lado, sabiendo que lo va a interrumpir igual de una forma que puede ser insegura y peligrosa, implica colocarla en la posición de “medio” para llevar adelante la gestación y refuerza el estereotipo de la mujer como encargada natural de la reproducción e incapaz de tomar decisiones autónomas sobre su salud y su plan de vida. Si la mujer quiere ser “medio” para la aparición de una nueva vida, puede serlo; pero si no lo desea, un tratamiento digno, seguro, eficaz es necesario para garantizar que no corra riesgo su vida, salud e integridad.
La posibilidad de realizarse un aborto y no tener secuelas o incluso sobrevivir al mismo, está atada a las posibilidades económicas y a los recursos que tenga la mujer, y eso es algo que desde el Estado no podemos permitir.
La criminalización no afecta a la mujer que tiene posibilidades económicas. Las mujeres pobres son las que no tienen acceso a las clínicas privadas, en consecuencia, solo a ellas el Estado priva de un aborto seguro. El gran doctor Favaloro dijo: “Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia. Y sólo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.
Nosotros, miramos a los países desarrollados del hemisferio norte y, por lo general, anhelamos parecernos a ellos en un montón de cuestiones que tienen que ver con la calidad democrática, la estabilidad económica, la fortaleza de las instituciones y el acceso a derechos para las ciudadanías. Bueno, en aquellos países este debate ya está completamente saldado, ya que han comprendido que la única forma de garantizar que las mujeres no sufran y mueran por practicarse abortos clandestinos en la más absoluta situación de vulnerabilidad es legalizar la práctica.
Esta misma opinión es compartida por todos los organismos internacionales que trabajan temas ligados a la salud y los derechos de las mujeres, quienes recomiendan a los países la legalización de la interrupción de los embarazos para reducir las tasas de mortalidad materna.
Ni la Constitución Nacional, ni los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque constitucional a través del artículo 75 inciso 22, disponen que deba criminalizarse a la mujer que practica un aborto en etapa temprana del desarrollo. E incluso, muchos organismos encargados de interpretar las convenciones hicieron recomendaciones a la Argentina respecto de la necesidad de promover el aborto seguro para reducir la cantidad de muertes. Entre ellos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de la Eliminación contra toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de Derechos Humanos.
Por ejemplo, en el año 2016, en su 117° período de sesiones, el Comité de Derechos del Niño le ha dicho a la Argentina: “El Estado parte debe asegurar que todas las mujeres y niñas puedan acceder a los servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales, el ejercicio de objeción de conciencia por parte de los trabajadores de la salud y la falta de protocolos médicos no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino, que pone su vida y su salud en riesgo”.
Luego de haberme referido a este punto quiero precisar otra cuestión que se menciona mucho, aun luego de que juristas de reconocida trayectoria hayan sido tajantes al respecto, y tiene que ver con los/as que sostienen que la legalización del aborto resulta violatoria de la Convención de Derechos del Niño.
Tuvimos el honor, durante las jornadas de debate, de contar con la exposición de Luis Ernesto Pedernera Reyna, presidente del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, quien derribó de forma absoluta el argumento jurídico de que legalizar el aborto es contrario a la Convención de los Derechos del Niño.
Sus palabras exactas fueron: "existe un mito en la sociedad argentina sobre la supuesta ‘reserva’ en la Convención referida al momento de la concepción. Y digo mito porque la única reserva que tiene el Estado argentino a la Convención de los Derechos del Niño es al artículo 21º, sobre adopciones internacionales, y a unos párrafos específicos", aseverando con sus manifestaciones que la Argentina no hizo reserva del artículo 1º de dicha Convención.
El acceso a derechos para las mujeres nunca ha sido cosa fácil ni de un día para el otro. Decenas y centenares de años debimos luchar por nuestro derecho a la participación política a través del voto, debimos incorporar políticas de discriminación afirmativa para acceder a cargos públicos ya que de otra forma hubiera sido imposible hacerlo. Debimos luchar incluso por libertades como el derecho al divorcio o a la posibilidad de ejercer la patria potestad hoy responsabilidad parental sobre nuestros/as hijos/as.
Las luchas no fueron fáciles, y le debemos los derechos que tenemos consagrados hoy a las miles de mujeres que pelearon y pelean desde sus ámbitos para que sus voces sean escuchadas, soportando las estigmatizaciones, los ninguneos, los ataques violentos e incluso la muerte de muchas, para acceder a lo que hoy consideramos derechos adquiridos.
Cuando se debatían estos temas en el Parlamento me refiero al derecho al sufragio o al divorcio, por ejemplo las razones que esgrimían los detractores siempre eran similares: que esas decisiones iban a significar la destrucción de la familia, que las mujeres iban a ir todas corriendo a divorciarse, que se ponían en jaque los valores de la sociedad, entre otros. Sabemos que todas estas cosas no ocurrieron y que la mayoría de esos argumentos y también los que se brindan hoy están más ligados a las creencias religiosas que a otras cuestiones.
Como dice nuestra Constitución, la Argentina es un país laico, en el que cada uno/a tiene el derecho de profesar su culto libremente, pero sin embargo las creencias religiosas no pueden guiar las decisiones de Estado, y más aún cuando está en juego el derecho a la salud y a la vida.
Celebramos poder estar dando este debate y tener la posibilidad de que esta ley obtenga media sanción el día de hoy. El tiempo es ahora, ya que la salud y la vida de las mujeres no puede seguir esperando.
Hemos tenido grandes avances en materia de igualdad de género y derechos para las mujeres en los últimos años, y hoy es tiempo de dar un paso más, para garantizar que las mujeres que deciden abortar, no deban pagar con su vida esa decisión, que en la mayoría de los casos es tomada con dolor, angustia y en soledad.
Lo que les pido, señores diputados y señoras diputadas, es que dejemos de mirar para otro lado.