11. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA REY

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

Quisiera aprovechar para avanzar en situaciones vinculadas con el proyecto de la Ley que nos convoca y analizar aquellas que van más allá de lo técnico, deteniéndome en las que, disfrazadas de tecnicismos, ponen en riesgo dos cuestiones que por básicas no deben ser soslayadas ni mucho menos olvidadas.
Esas dos cuestiones son la estabilidad del haber jubilatorio y la movilidad del mismo. Estos elementos deben estar estrechamente vinculados porque la movilidad, en un país como el nuestro -con una cultura inflacionaria que este gobierno no ha podido detener y que tampoco espera hacerlo el año que viene-, es la única garantía de la estabilidad.
Cuando decimos “estabilidad” no estamos mencionando una palabra que se pueda soslayar. La estabilidad es una doble garantía: por un lado, para el Estado, que puede prever sus cuentas, y por el otro, para el propio jubilado que necesita certeza sobre cuánto dinero va recibir y, lo que es más importante, qué va a poder hacer con él.
La estabilidad permite al jubilado saber cómo se va a administrar y poder sostener su ya deteriorada economía, que viene sufriendo los embates de la arbitrariedad con la cual se ha manejado el gobierno en materia de haberes jubilatorios desde la emergencia decretada en diciembre de 2019.
La garantía de esa estabilidad es la movilidad. Hoy vemos cómo se pretende imponer una fórmula que establece movilidad de una manera que sólo le sirve al Estado. En realidad, solo le sirve a una política económica del gobierno que, disfrazada de progresista, se ensaña una vez más con uno de los sectores más golpeados por la pandemia, como son nuestros padres y abuelos.
La movilidad del haber es la única garantía de su estabilidad. Esta fórmula deja de lado toda garantía de movilidad, ya que en forma inexplicable no toma en cuenta una inflación que el mismo gobierno ha incluido como un hecho seguro en el presupuesto votado para el ejercicio 2021.
La única garantía de estabilidad es que los haberes deben ser actualizados mediante una fórmula que incluya, sí o sí, el índice de inflación, tal y como lo hacía la formula votada en 2017. Esa fórmula era seguramente perfectible, pero garantizaba una actualización por valores como el salario y la inflación, era transparente y daba certezas.
Insisto: ¿podía ser mejor? Claro que podía. Lo que no se puede hoy es imponer una formula llena de valores, que no solo no son comprobables, sino que en conjunto violan los derechos adquiridos de millones de jubilados.
Sabemos que el cambio implica que los jubilados van a empezar perdiendo. Por mucho menos que esto vimos una multitud movilizada con mentiras destrozando la plaza, amenazando legisladores, agrediendo. Pero hoy, ¿qué está pasando que se llevan la plata y la expectativa de nuestros mayores y lo hacen naturalmente? ¿Qué pasaría si esto lo propusiera un gobierno que no sea el actual?
Mientras la vista de la sociedad está puesta en la interrupción del aborto, nos llevan a votar un proyecto de ley que saquea a los jubilados.
No voy a acompañar con mi voto este proyecto de ley; no voy a acompañar un saqueo a nuestros adultos mayores. Es necesario garantizarles una jubilación estable. Y en este país la única forma de hacerlo es que la formula puesta a votación incluya sí o sí una variable inflacionaria.
Es sabido y reconocido por el propio gobierno que esta fórmula va a determinar una perdida importantísima en el primer semestre de 2021. Y por más que después se prometa una recuperación, el sufrimiento de nuestros abuelos ya será un hecho consumado.
El achatamiento de los haberes es una realidad que se burla del esfuerzo y el trabajo de cada uno de aquellos que confiaron un país que, una vez más, los defrauda.
¿Cómo pedirle a un jubilado que espere la recuperación de su haber? ¿Cómo pedirle que soporte privaciones y hambre a una persona cuya expectativa de vida es muy corta? Ese jubilado no puede esperar.
Es importante señalar que las variables incluidas son además en muchos casos inverificables, lo cual pone a todos los jubilados a merced de la voluntad de un gobierno que sólo a unos pocos les mantuvo su capacidad, pero que en un años ha deteriorado la mayoría de los ingresos jubilatorios.
Pero no quiero entrar en tecnicismos porque ya se han escuchado y se escucharán manifestaciones en ese sentido. El rezago que contempla la fórmula que nos traen sólo garantiza que la mejora después de la caída abrumadora del haber será recién para el segundo semestre del año que viene. Y no hay ninguna garantía de que esa recuperación logre volver a los valores que hoy reciben.
¿Alguien se preguntó cuántos jubilados no llegarán? ¿Cuántos nunca verán esa prometida pero a la vez incierta recuperación?
El derecho de los jubilados es la estabilidad de su haber y esa estabilidad solo se consigue con una movilidad que contemple salarios e inflación.
Esta fórmula -estoy convencida- avanza sobre los derechos, los condena a la voluntad de un gobierno que viene disminuyendo sus ingresos, y va a generar no solo incertidumbre para la economía, sino que además va a llenar de juicios al propio Estado.
Pero lo que es peor e imperdonable es que va a afectar severamente la vida de nuestros abuelos, ya de por si afectada por la pandemia.
Esta fórmula es un falso parche a la economía y esta disfrazada de una protección a los abuelos.
Por lo expuesto, adelanto que no voy a acompañarla y pido a mis pares que tengan esa misma actitud. Los mayores honestos que trabajaron toda una vida demandan respeto y se lo merecen.