12. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA REYES

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

El sistema previsional es la piedra fundamental de una sociedad más igualitaria. En nuestro país dependen de él, al menos 18 millones de argentinos, tanto los que aportaron durante muchos años, fruto de la persistencia en el trabajo, como aquellos que no aportaron tanto y se beneficiaron de una oportuna moratoria. Como así también los beneficiarios de las asignaciones familiares: la asignación universal por hijo y la pensión universal por adulto mayor.
En el caso de la AUH, estamos hablando de un universo de 4 millones de niños, niñas y adolescentes afectados por la presente modificación.
Todo el sistema tiene por objetivo atender las necesidades de los sectores vulnerables de nuestra población. No obstante, este proyecto no constituye una propuesta superadora; si así lo hiciera, hoy lo estaríamos acompañando.
Como en su momento, acompañamos el proyecto que contribuyó a mejorar los haberes previsionales sumando el componente de inflación, en 2017. Me refiero a aquella fórmula por la que se tiraron toneladas de piedras al Congreso, la misma que el actual presidente de la Nación catalogó como impagable, siendo su primera acción de gobierno suspenderla y anunciar aumentos discrecionales por decreto.
Con la fórmula del presidente Macri las jubilaciones aumentaban un 42 por ciento. Nosotros le dimos un aumento promedio del 37 por ciento, que en el caso de los mayores de 80 años llegó al 63 para todos los jubilados que entraron en la reparación histórica. Hubo 1,4 millones de jubilados a los que les devolvimos el dinero que irregularmente les retenía el Estado. Quinientos cuarenta mil jubilados salieron de la jubilación mínima.
Estas divergencias a la hora de analizar una misma fórmula nos dan cuenta de las incongruencias del oficialismo en sus relatos. Esas mismas incongruencias se pueden ver cuando funcionarios del gobierno declaran que este año: los jubilados le ganaron a la inflación, cuando los números nos cuentan otra realidad, puesto que los jubilados perdieron entre un 7 por ciento y un 18 por ciento frente a la fórmula de 2017.
Estas inconsistencias en el relato oficial, sumadas a la liviandad con que buscan debatir un tema tan importante, nos dan cuenta de que este proyecto no nació para defender los intereses de los más vulnerables -como son aquellos que dependen netamente de la seguridad social-, sino para licuar sus ingresos en términos reales.
Pero esto ya sucedió cuando se aumentó la jubilación mínima durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2007 y los jubilados tuvieron que hacerle juicio al Estado. Ejemplo de ello es el caso Badaro. Esto sólo benefició a los jubilados que cobraban la mínima; el resto se resolvió con juicios que debió pagar el gobierno siguiente.
Otro ejemplo es el famoso 15 por ciento de las provincias. Al privatizarse el sistema de jubilaciones, las provincias cedieron un 15 por ciento a la ANSES para financiar el desajuste generado. Luego de eso, cuando finalmente se volvió a estatizar el sistema, la Nación nunca devolvió el dinero a las provincias. San Luis, Córdoba y Santa Fe fueron a juicio, lo ganaron y fue el gobierno de Macri el que tuvo que devolver a las provincias el dinero que ya se había gastado. Esa lógica cortoplacista de la que ya fuimos testigos es la misma que caracteriza a este proyecto que hoy estamos debatiendo.
Dicen que la Argentina se ahorró 100.000 millones de pesos. Ese es el número del robo a los jubilados en 2020. Un robo por el cual el Estado argentino va a volver a ser condenado y tendrá que pagar -como tuvimos que hacerlo nosotros- la reparación histórica.
La fórmula que se plantea sería beneficiosa para los jubilados en un escenario en donde Argentina creciera todos los años y no tuviera inflación. Sin embargo, nos encontramos ante un país que hace más de diez años que no crece, en el que en los últimos veinte la inflación supero los dos dígitos y que se encuentra atravesando en este momento la crisis más grande de la historia, igual o peor que en 2001.
Pero además la fórmula en sí depende de los salarios de los trabajadores –es decir, el RIPTE- y de la recaudación. Tenemos que recordar al gobierno nacional que este año las paritarias en su mayoría se suspendieron y la recaudación fue una de las variables que más cayeron. Es decir que estamos vulnerando derechos porque no estamos garantizando que el ingreso corriente de los jubilados se mantenga; no estamos garantizando que se mantenga el ingreso de millones de argentinos que por su edad y condición no pueden acceder al mercado laboral y que trabajaron toda su vida.
Tampoco tenemos garantías de que esta medida sea consistente para alivianar el déficit fiscal en el largo plazo, ya que podría generar una interminable cantidad de juicios contra el Estado, que tarde o temprano deberán pagarse, como se pagó la reparación histórica.
Hay muchas reformas que se pueden hacer sobre la cuestión previsional y que no tienen que ver con la movilidad, lo cual es una reforma en el corto plazo. Hay jubilados que cobran menos de lo que aportaron y otros que cobran mucho más de lo que aportaron; estos últimos son los que más ganan. Por otro lado, tenemos otro gran problema y es que la jubilación mínima no alcanza a cubrir ni el 50 por ciento de la canasta básica del adulto mayor.
No podemos centrar todo en la cuestión de la movilidad. Tenemos que buscar aumentar la cantidad de aportantes para dar sustentabilidad al sistema previsional. Desde hace tiempo la Argentina viene perdiendo su calidad de aportarte al sistema.
Por eso, cuando hablan de igualdad, quiero aclararles que ella no es una cuestión menor. No es un eslogan de campaña, sino el eje de la democracia.