13. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RICCARDO

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

Voy a pasar revista a una serie de puntos que, si bien ya fueron mencionados, dan base a esta intervención.

Primero, una cuestión que parece formal, pero que es una falta de respeto a las instituciones una más-: la fórmula de movilidad de los haberes jubilatorios que se propone no es fruto del consenso de la comisión bicameral que tiene por objeto, justamente, tratar la movilidad previsional. No se tomó en cuenta su trabajo de varios meses.
Segundo, no mejora la situación de los jubilados. Es un ajuste buscado desde que se suspendió la aplicación de la fórmula que estaba vigente, lo que, para peor, se hizo por decreto, sin que hubiera ninguna justificación más que lograr ese ahorro. Con ello, se violentó lo dispuesto por la Constitución Nacional y la jurisprudencia conteste de nuestro país. Esa misma Justicia se ha expedido luego de la aplicación de la suspensión y posterior actualización, también por decreto, coincidiendo en que fue una pérdida para el bolsillo de los jubilados y pensionados.
Pero veamos qué se propone ahora. El Ministro de Economía dijo que el gasto en segu¬ridad social aumentará en el presupuesto para 2021, con una suba de un 31 por ciento, pero la inflación promedio calculada por la oficina respectiva de este Congreso es del 32 por ciento y llega al 50 por ciento según otros cálculos, también de organismos públicos, o sea que ni siquiera está previsto en el presupuesto que se pueda pagar un aumento acorde a las nuevas necesidades que se produzcan con esa inflación, sea cual fuere la actualización que se aplique a los haberes previsionales.
La fórmula propuesta es compleja, lo que no contribuye a la previsibilidad del resultado de su aplicación. Dejarla atada a la varia¬ble de la recaudación indirectamente queda vinculada a la política tributaria, que cuenta con su propia lógica. Usa además términos imprecisos, como cuando habla de “beneficios” palabra de significado absolutamente subjetivo. Perjudica a jubilados y pensionados desde el punto de partida de la aplicación de la fórmula. Al tomar como base solo el cuarto trimestre y no el tercero y el cuarto, se ignora un período que tuvo una inflación del 7,65 por ciento, y una fuerte caída de la actividad económica, que ya no se va a recuperar.
Sin embargo, el meollo de la cuestión es que no se reconozca a la inflación en el cálculo. Dejar atado el haber jubilatorio a la recaudación –aun manteniendo el actual sistema tributario-, es quedar dependiente de la actividad económica. Cuando la economía esté en recesión, los haberes van a disminuir, produciendo un ajuste sobre los jubilados en el peor momento, como ha sucedido durante todo este año.
No hay perspectivas de una recuperación económica descollante. Eso no depende de la magia o de los buenos deseos. Hay una situación de partida –lo que pasó en este 2020- que afecta a todo el planeta, y es de una ingenuidad inaceptable pensar que la Argentina estará al margen de ese proceso.
Sabemos que la mayoría de los países desarrollados y muchos en desarrollo tienen fórmulas que indexan los beneficios de la seguridad social según la inflación, que es la forma de mantener el poder adquisitivo del sector.
Los diversos cálculos que se simularon combinando distintos escenarios, con inflación alta o baja, recuperación –o no- de la actividad económica y devaluación, nos dan la respuesta: la única combinación que no perjudica a los jubilados es la de una baja inflación, lo que es poco probable, como dije, según las estimaciones de cualquier organismo que la calcule. Aplicar el índice de inflación es un indicador cuya disponibilidad es mayor, le da transparencia al cálculo y garantiza el sostenimiento del nivel de vida del beneficiario.
No se trata de que nos guste o no que los jubilados y pensionados tengan una vida digna. Es un mandato constitucional; estamos obligados a asegurárselo. En lo personal, debo decir que a mí sí me gusta que los que trabajaron toda una vida haciendo aportes, o aquellos que por algún motivo el Estado argentino decidió otorgarles una pensión –como los veteranos de Malvinas, por ejemplo-, tengan ingresos acordes, y que no sean parte de aquellos a los que consideramos “pobres”. Tengo en cuenta el mandato constitucional, pero creo que, además, es justo.
Por eso no voy a acompañar el despacho de mayoría, y me sumo al aportado por el Interbloque al que pertenezco.