15. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO SÁNCHEZ

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

Hoy el oficialismo busca aprobar un nuevo índice de movilidad jubilatoria, después de suspender la fórmula de 2018 a través de la ley 27.541 llamada de solidaridad social y reactivación productiva, a su vez prorrogada por decreto 542/2020 y después de otorgar aumentos también por decreto y violando la Constitución Nacional . Dichos aumentos, además de ser discrecionales, implicaron una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados en comparación con lo que hubieran percibido con la fórmula anterior suspendida.
El presidente Alberto Fernández prometió en campaña un aumento del 20 por ciento a los jubilados. Sin embargo cuando asumió, la primera medida que impulsó ante este Congreso fue la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria, lo que resultó en una pérdida para todos los jubilados.
También en campaña había dicho que la ley de movilidad jubilatoria anterior perjudicaba a los jubilados; incluso afirmó que todos los recursos que se pagaban en intereses de las Leliq se iban a destinar a los jubilados. Nada de esto se cumplió. Si bien se otorgaron dos bonos de 5.000 pesos, uno en diciembre de 2019 y otro en enero de 2020, solo fueron paliativos destinados a los beneficiarios que cobraban la jubilación mínima y además se dieron por única vez, sin ser incorporados al haber. Eran todas apariencias para tapar un ajuste fiscal que perjudica a casi 7 millones de jubilados y pensionados.
Ahora se propone el retorno a la fórmula previsional de 2008 con el argumento de que los jubilados en la época de su vigencia ganaron o empataron a la inflación, lo que es otra falacia, porque el mecanismo del cálculo de la inflación oficial estuvo cuestionado, se manipuló y así surgieron mediciones paralelas tanto públicas como privadas.
Por otra parte, si bien en el período indicado la movilidad superó en un 25 por ciento a la inflación, lo que se omite es que entre el año 2002 y el año 2008 los jubilados y pensionados ya habían perdido un 80 por ciento de su haber jubilatorio. Por lo tanto se distorsiona nuevamente la realidad, porque ese 25 por ciento de recuperación no alcanzó para compensar lo que se había perdido y lo que se estaba perdiendo.
La realidad es que bajo la ley de movilidad suspendida desde diciembre de 2019, todos los jubilados debieron haber recibido en este año 2020 un aumento del 42 por ciento en sus haberes. Sin embargo, los jubilados que cobran el haber mínimo solo percibieron hasta un 35 por ciento de aumento y los demás que cobran el haber máximo del régimen general, tuvieron un aumento que llegó hasta un 24 por ciento. La diferencia fue de entre 7 y 18 puntos menos de lo que les hubiera correspondido por ley y lo que el Estado no tuvo que desembolsar ascendió a unos 100.000 millones de pesos.
La fórmula de movilidad jubilatoria debería tener la menor incertidumbre y volatilidad, y la mayor transparencia posibles, atributos que tenía la fórmula anterior, pero que están ausentes en la que se propone en el proyecto de ley que pretende sancionar el oficialismo.
Por otra parte, modificar el esquema de movilidad jubilatoria tendrá una incidencia directa sobre 7 millones de jubilados y pensionados de la Argentina y sobre 17 millones de personas, si consideramos el gasto vinculado de los beneficiarios de las políticas sociales de los distintos planes y asignaciones que están a cargo de la ANSES. Parece no haberse considerado la magnitud de ese impacto, atento a que al vincularse la recaudación tributaria con estas erogaciones, no se ha tenido en cuenta que los recursos tributarios cubren el 34 por ciento de los gastos relacionados con la nueva fórmula, pese a que la variación interanual de la recaudación de impuestos asignados a la ANSES ajustada por la cantidad de beneficios otorgados ponderaba el 50 por ciento. Esto implica que un aumento de ese gasto vinculado, en la práctica será muy superior a lo proyectado y, por lo tanto, no podrá ser financiado de otra manera que con crédito o emisión monetaria e incrementando el déficit fiscal, todas opciones negativas para la economía, sobre todo en el mediano y largo plazo.
Asimismo, no caben dudas de que, así como se cuestionó judicialmente la suspensión de la fórmula anterior y los aumentos por decreto, esta ley correrá la misma suerte, no solamente por la regresión de derechos que implica, sino porque también deja muchas cuestiones sustanciales libradas a la reglamentación.
Párrafo aparte merece el contexto en el cual se está tratando este tema, que no es casual: primero tenemos el tratamiento simultáneo de este proyecto que objetamos junto con otros proyectos y cuestiones sensibles, los que se desarrollan en medio de las fiestas de Navidad y año nuevo. Uno es el proyecto del aborto, que se trata en el Senado en este mismo momento y que ha generado una convocatoria masiva en las inmediaciones del Congreso. Es evidente que se ha promovido este desvío de la atención para evitar cualquier protesta simultánea sobre este ajuste en la fórmula de la movilidad jubilatoria, con la salvedad de que, en este caso, hubiera sido espontánea, no como la que tuvo que padecer el gobierno anterior con el mismo tema recordemos las 14 toneladas de piedras que fueron arrojadas sobre la policía y bienes públicos , cuando paradojalmente los jubilados iban a cobrar más que lo que se propone ahora.
Como si esto fuera poco y simultáneamente con las sesiones mencionadas, un juez subrogante decidió otorgarle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner una doble jubilación de privilegio, equivalente a 115 jubilaciones mínimas, con la prerrogativa de no pagar impuesto a las ganancias y con el beneficio adicional de cobrar el retroactivo de 100 millones de pesos más, montos que deben ser abonados por ANSES, es decir con fondos de los jubilados.
Es evidente que se busca esconder la tierra bajo la alfombra, porque estas acciones de distracción son el reconocimiento de que se están adoptando medidas contrarias a lo pregonado en la campaña y, sobre todo, son medidas que representan regresiones a los derechos humanos de los jubilados y pensionados, materia en la que la regresión de derechos está vedada.
En este sentido, entendemos que la única función de la movilidad jubilatoria, como derecho exigible, es proteger los salarios de los jubilados contra la inflación a lo largo del tiempo para que sostengan el mismo nivel de vida alcanzado en actividad, y esto es lo que vemos que no cumple la fórmula que se quiere imponer.
No acompaño este proyecto porque para que nuestro sistema previsional sea sustentable son necesarias medidas mucho más profundas que la fórmula de movilidad que, lejos de ser populistas, son bastante antipáticas, coyunturales y de carácter paliativo. Una visión de mediano y largo plazo, haría que el gobierno cambie su visión, aunque lamentablente vemos que claramente no está dispuesto a discutir condiciones para que haya inversión en la Argentina, que no haya trabas para cerrar la economía y generar empleos, que se bajen impuestos, aranceles y cargas laborales con el fin de promover la reactivación económica, cuya contracara hoy se demuestra, entre otras cuestiones, en la evasion fiscal, la emisión monetaria desmedida, la promoción de la inflación, el trabajo en negro, los excesivos montos de aportes y contribuciones y los abusos de los regímenes especiales, todas falencias que impactan directamente en los recursos de la seguridad social.
En suma, no acompaño esta iniciativa porque es el proyecto del ajuste sobre los jubilados y pensionados. El único motivo por el que se impulsa este proyecto de ley es para ahorrar recursos en los jubilados cuando debería hacerse sobre otros gastos superfluos del Estado. En el año 2020, a partir de la suspensión de la movilidad jubilatoria, se ha ahorrado la suma de 100.000 millones de pesos en los más vulnerables, cuando esta cifra debió ahorrarse en otras áreas del Estado, sobre las que ya cuestionamos su ineficiencia y falta de utilidad en oportunidad del debate del presupuesto de la administración pública para 2021, en algunos de los proyectos de los que soy autor y en las preguntas que durante el año le hicimos al jefe de Gabinete de Ministros y sobre las que no recibimos respuestas o estas no fueron más que meras evasivas.
*No es posible que el próximo presupuesto se centre en aspectos ideológicos, de género y diversidad, y no en las cuestiones que el país real exige con urgencia, como sería atender los ingresos de nuestros jubilados. Lo mismo podría decirse del funcionamiento de organismos que no están actuando como deberían. Solo por dar un ejemplo mencionamos al INADI, sobre el que hemos presentado proyectos, uno para derogarlo hasta tanto se modifiquen sus competencias y se le otorguen facultades adecuadas a la finalidad que hoy no cumple, acciones que sin duda implicarían reducciones presupuestarias, uno de cuyos efectos sería no avanzar sobre otros recursos necesarios, como hoy se está haciendo sobre los de los jubilados.
Pueden tratar de encubrir esta discusión, que pase inadvertida sobre el final del año, pero les quiero decir que esos 7 millones de jubilados y pensionados y esos 8 millones de perceptores de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares nos escuchan. Los jubilados están mirando y les van a hacer rendir cuentas de esta acción.
Por las razones expuestas, mi voto es negativo.