20. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA GARCÍA (J.)

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

Mucho se ha dicho en este recinto sobre la “oportunidad” para el tratamiento de los temas. Hoy el oficialismo vuelve a mostrar ese oportunismo trayendo este importante tema, nuevamente en coincidencia con la discusión de la IVE. No es casual que esto ocurra cuando se busca perpetrar un nuevo avance sobre los derechos de tantos argentinos.
La importancia de la fórmula que hoy discutimos radica en su impacto sobre los haberes de más de veinte millones de argentinos, ya que no solo afectará a los 8,5 millones de jubilados y pensionados, sino también a quienes reciben otros beneficios o transferencias del Estado, como es el caso de la AUH.
En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, fue sancionada la ley 27.426 que, entre otras medidas, establecía una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que garantizaba que, cada tres meses, se realizaran ajustes en función de las variaciones salariales e inflacionarias. Esta medida venía a complementar el programa de Reparación Histórica que permitió mejorar sus haberes a más de un millón doscientos mil jubilados a través de actualizaciones que alcanzaron en promedio el 40 por ciento.
Alberto Fernández, incumpliendo su promesa electoral de acompañar a los adultos mayores, a través de la ley que declaró nueve emergencias, suspendió esa fórmula, otorgando aumentos por decreto que consolidaron durante 2020 importantes pérdidas como lo denunciamos en cada oportunidad, que van de 1.000 a 18.000 pesos por mes. Es decir, entre 7 y 18 puntos menos de los que les hubiese correspondido con la última ley de movilidad.
La Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades, ha requerido la intervención de este Congreso. Primero en casos como Badaro I y II, en los que mandaba a establecer un régimen de movilidad por ir en contra de la manda constitucional determinada en el artículo 14 bis; ahora, la Cámara Federal de Paraná ha señalado la inconstitucionalidad de los aumentos por decreto por consolidar una regresión en los derechos consolidados por ley. No obstante, lo cierto es que las reparaciones ordenadas por la Justicia solo alcanzan a quien reclama, dejando a un gran número a merced de la voluntad política del Ejecutivo.
Como parte fundamental de este Estado de derecho debemos proteger a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la volatilidad de nuestra economía, especialmente golpeada por la pandemia. Debemos buscar soluciones ante la lamentable situación en la que se encuentra un jubilado que cobra la mínima y no logra cubrir la canasta básica, estimada en aproximadamente 45.000 pesos. No es momento para ahorrar recursos a costa de quienes más lo necesitan.
El proyecto que hoy discutimos desoyó las recomendaciones de la Comisión Bicameral creada al efecto, donde tantos expertos en la materia expresaron sus preocupaciones y sugerencias. Todo el trabajo fue en vano. El oficialismo insiste con una fórmula, cuyo fracaso data del gobierno de CFK, que viene a agravar el escenario que estamos describiendo, profundizando el ajuste a partir de confusos anuncios, como fue el supuesto aumento del 5 por ciento que en verdad no será tal, y de fórmulas que no recogen las variables más relevantes, como la inflacionaria, dejándolos sin garantías ante las proyecciones que indican que dicho índice alcanzará un aumento del 50 por ciento en 2021, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo.
Por todos estos motivos, rechazamos el presente proyecto: por vulnerar los derechos de tantos argentinos y argentinas que confían en nosotros.