3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FERNÁNDEZ LANGAN

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

En honor a la brevedad, respecto de las cuestiones técnicas del proyecto voy a suscribir lo expresado previamente por mis colegas del interbloque, con quienes comparto la preocupación por las consecuencias que trae aparejada la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones que impulsa el oficialismo. Esta fórmula no va a garantizar alimentación, medicamentos y vivienda a nuestros jubilados; en definitiva, no les va a garantizar una vida digna o una vejez digna, que es a lo que todos aspiramos después de años de trabajo.
Pero no por eso quiero dejar de hacer mención a tres cuestiones que me parece válido destacar.
En primer lugar, la Constitución Nacional reconoce derechos a los ciudadanos con el fin primordial de que los mismos resulten efectivos. La Constitución no es “techo” de los derechos, sino por el contrario: es el mínimo de los derechos que el Estado debe garantizar.
En ese sentido, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional consagra el derecho a todos los ciudadanos argentinos a acceder a los beneficios de la seguridad social y a contar con jubilaciones y pensiones móviles.
Me voy a tomar el atrevimiento de leerles un fragmento de la Constitución: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.” Y agrega dicho artículo: “En especial, la ley establecerá: (…) jubilaciones y pensiones móviles”.
Este criterio fue incorporado en un primer momento en la reforma de 1957 y ratificado por la Convención Constituyente de 1994. ¿Y cuál es el motivo por el cual el constituyente del 94 incluye este artículo?
Una jubilación móvil garantiza que las personas jubiladas o pensionadas puedan mantener durante esa etapa de su vida el mismo estándar de vida que antes de jubilarse o acceder a una pensión.
La jubilación es una retribución por los servicios prestados al Estado, a la sociedad, a la comunidad durante toda su vida. Es una retribución por los años de trabajo.
El derecho a la jubilación es un verdadero derecho de propiedad y, como legisladores, nuestro deber es garantizar una retribución justa y actualizada según la realidad económica que se vive en el país. Nuestro deber es garantizar a las personas jubiladas una vida digna.
La jubilación no es una gracia del Ejecutivo de turno, no es un decreto de tinte electoral. Es un derecho constitucional, es una retribución justa y es un amparo por el trabajo de toda una vida.
Es así que, con muy buen criterio, en el artículo 14 bis el constituyente no establece el mecanismo de los ajustes periódicos en materia de jubilaciones y pensiones. Delega esta facultad en el Congreso de la Nación porque entiende que de esa forma la actualización será genuina y cumplirá los fines perseguidos por el propio articulado. Lamentablemente, en esta oportunidad no es lo que está ocurriendo.
Otro de los aspectos que quiero destacar es lo que está pasando en la Plaza del Congreso, a pocos metros de acá. Muchos de los que estamos acá recordamos y vivimos en persona los hechos de extrema violencia que se registraron durante el tratamiento de la fórmula en 2017. Fue una de mis primeras sesiones en esta cámara. Paradójicamente, el “motivo” de la violencia era una fórmula que actualizaba las jubilaciones y pensiones de una forma mucho más beneficiosa para las personas jubiladas que la que hoy tratamos.
En ese momento tuvimos que sesionar en un Congreso rodeado por las fuerzas de seguridad y por una lluvia de piedras y estruendos que se escuchaban hasta acá adentro. Incluso, el entonces presidente fue agredido por algunos de los diputados hoy presentes, y los empleados del Congreso también fueron agredidos. Todos recordamos las imágenes de piedras volando, policías lastimados y morteros caseros. Una puesta en escena con militantes pagos que destrozaron el espacio público.
Pero en esta ocasión el escenario es distinto, porque así como fuimos un oficialismo distinto, también somos una oposición distinta, en consonancia con los tiempos actuales y con el convencimiento de que el diálogo y el debate parlamentario son la única respuesta a los problemas de los argentinos. Para nosotros, la violencia nunca va a ser una herramienta para tratar de imponer nuestras ideas.
Afuera la ciudadanía está en la plaza, por motivos distintos a los que en este recinto se tratan, pero hay que destacar la convivencia pacífica; si bien hay sectores con ideas antagónicas, se manifiestan de forma pacífica. Escuchemos a las nuevas generaciones que voluntariamente y por sus propios medios se acercan a este Congreso, donde se debaten y se tratan las leyes, a hacer oír sus ideas.
En tercer lugar, me quiero referir a la verdad. Al oficialismo no le están cerrando los números y esa es la única realidad. No existe otro motivo para reemplazar una fórmula de incremento de jubilaciones y pensiones como la aprobada en esta misma Cámara en 2017. Con esa fórmula, el incremento hubiese sido del 42 por ciento, es decir, mayor al otorgado mediante decreto por el presidente, que en el mejor de los casos solo llegó al 37 por ciento.
No solo le están mintiendo a todos los argentinos sino incluso a su mismo electorado, al que apenas un año atrás le dijeron que lo primero que iban a hacer cuando asumieran era aumentar las jubilaciones. Durante la campaña electoral se llenaron la boca hablando de garantizar el poder adquisitivo de los jubilados, y a menos de un mes de asumir suspendieron la fórmula y otorgaron aumentos por decreto. Y acá quiero ser claro y enfático: en diciembre de 2019 no había pandemia, no había limitaciones económicas o fiscales que pudieran usar de excusa. En diciembre de 2019, de manera deliberada, el oficialismo decidió que la variable de ajuste iban a ser los jubilados.
Qué positivo sería que reconozcan que con la suspensión de la fórmula de Cambiemos, e incluso con los insignificantes aumentos que otorgó por decreto, el gobierno se ahorró, a diciembre, aproximadamente 100.000 millones de pesos. El oficialismo evitó pagarle 100.000 millones de pesos a los jubilados, que por ley les correspondían.
No hay dudas de que nuestro sistema jubilatorio tiene varios problemas. Pero los jubilados no pueden ser la variable de ajuste, sobre todo después del año que hemos atravesado.
Hace falta que, con sinceridad, nos pongamos de acuerdo sobre qué sistema jubilatorio es el mejor para nuestros jubilados de hoy y los del futuro. Cuando digo “de acuerdo”, me refiero a una política pública que perdure en el tiempo, que dé previsibilidad y que cumpla con lo previsto en nuestra Constitución. ¿Hasta cuándo vamos a seguir votando parches? Este proyecto no trae soluciones.
Nuestros juzgados ya están abarrotados de presentaciones de jubilados pidiendo actualización de sus haberes, y hay jurisprudencia de la Corte Suprema que se condice con estas presentaciones. Esta fórmula impulsada por el oficialismo sin lugar a dudas será rechazada por los tribunales, como pasó con la fórmula que usaron mientras gobernaban. Recién con la reparación histórica instaurada por el presidente Macri y apedreada por ustedes , 1.4 millones de jubilados recuperaron lo que les correspondía. Pero sería ilusorio pensar que todos los jubilados pueden recurrir a la Justicia, porque todos acá sabemos las dificultades y los costos que eso conlleva, sin hacer mención a los plazos, los cuales en más de una ocasión llegan demasiado tarde.
Y hablando de Justicia y de acceso a ella, no puedo dejar de mencionar que hoy, el mismo día en que muchos jubilados van a ser víctimas de un nuevo ajuste, la vicepresidente logró que la Justicia le otorgue, además de su jubilación como expresidente, la pensión por la muerte de su marido; todo retroactivo y libre de impuestos. Y con esto no quiero decir que no corresponda, sino que nuevamente seguimos sin ver gestos por parte del oficialismo. Tenemos jubilados que no llegan a cobrar 20.000 pesos por mes, y todos sabemos que con eso no llegan a cubrir gastos mínimos e indispensables, pero la vicepresidente del país no solo cobra una jubilación muy por arriba de ese mínimo sino que también cobra una pensión.
No puedo votar a favor de un proyecto que perjudica a los jubilados, que falta a los principios de nuestra Carta Magna y que cambia una política pública votada hace apenas tres años y que era más beneficiosa que la propuesta actual. Y, sobre todo, no puedo aceptar que en una economía con una inflación del 50 por ciento anual como la que se prevé para el próximo año no se contemple este aspecto para la actualización de los montos de jubilaciones y pensiones.
Por todo lo expuesto, mi voto es negativo.