5. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO HELLER

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

Yo comenté en la reunión conjunta de las comisiones, luego de haber escuchado a muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que decir que esta fórmula de movilidad implica un ajuste para los jubilados es una gran posverdad. Es una mentada posverdad que les sirve para varios objetivos. Uno de ellos es tratar de desacreditar las acciones positivas de este gobierno. Otro es tratar de ocultar que la anterior fórmula evidenció un verdadero ajuste a los jubilados: primero, porque les eliminó un trimestre, y además, porque el desfase de seis meses con las enormes cifras de inflación del macrismo pegó muy duro en el poder de compra de los jubilados y jubiladas, así como de los perceptores de AUH y otros.
Varias veces he dicho y muchos diputados y diputadas me han acompañado en esta orientación que debemos discutir con argumentos y no con adjetivos. Es lo que intentaré hacer. Y verlo desde lo político, porque en verdad cada fórmula hay que ponerla en el contexto de la política económica de cada momento.
La fórmula implementada en 2018 ley 27.426, publicada en el Boletín Oficial el 28 de diciembre de 2017 siguió un esquema que consideraba en un 70 por ciento la variación del IPC nacional y en un 30 por ciento la evolución del RIPTE, como todos sabemos, con un rezago en los parámetros tomados de seis meses.
Era una fórmula que ajustaba parte por los salarios, en medio de una política económica que usó los aumentos de salarios como freno a la inflación. No obstante, la inflación se fue por las nubes y los salarios evidenciaron importantes pérdidas de poder adquisitivo, que se trasladaron a las jubilaciones.
El primer ajuste con la nueva ley se realizó en marzo. Pero voy a utilizar una cita periodística: “Se están tragando un trimestre que les hace perder 700 pesos a los jubilados. Para este aumento están tomando la inflación del tercer trimestre del año pasado (julio, agosto y septiembre). La ley salió en diciembre para aplicar en marzo. Entonces, en este aumento deberían haberle aumentado con la fórmula anterior.” Esto lo puntualizó la especialista en temas previsionales Mirta Tundis, por ese entonces diputada nacional por el Bloque Renovador, en PYM Política y Medios, el 17 de febrero de 2018.
Tanto es así que ese trimestre obviado nunca se recuperó.
Continúo citando. Diario Perfil del 16 de diciembre de 2018: “Se requeriría un mes extra para compensar la pérdida en el poder de compra sufrida por los beneficiarios a lo largo de 2018 y posicionarse en igual situación que el año pasado”, destaca el IARAF, que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal. Reitero: lo dijo el IARAF.
Por otra parte, en una nota del diario El Cronista del 22 diciembre de 2018, Verónica Spaltro escribe: “Este año los jubilados perdieron 12,9 por ciento en diciembre respecto de diciembre del año pasado.” “Para el año que viene, el rezago de seis meses en la actualización de la fórmula de movilidad generará que las jubilaciones sigan perdiendo en el primer semestre”. Se cita un cálculo del IARAF que establecía que recién en diciembre de 2019 las jubilaciones podrían crecer 12,3 por ciento en términos reales si la inflación era del 23 por ciento, o el 9,3 por ciento si la inflación era del 30 por ciento. La inflación fue del 53,8 por ciento.
Pero también hay que ser claros en lo que significa “atar las jubilaciones a la inflación”: que nunca más recuperen el valor perdido en los años de aplicación macrista ese es el verdadero ajuste y que nunca más obtengan los beneficios de una economía en crecimiento, dado que su poder adquisitivo quedaría congelado con una fórmula que ajusta por inflación. Y peor aún, porque la canasta de consumo de los jubilados no es la misma que la del IPC promedio, ya que tienen gastos que en muchas oportunidades crecen mucho más que el IPC, como los medicamentos, principalmente.
Atar las jubilaciones a la inflación se suele presentar desde la oposición como incontrastable. Pero no lo es, porque hay que analizarlo como dije en el entorno del plan económico aplicado.
Por ejemplo, recordemos que los jubilados y jubiladas no tuvieron otra opción que comenzar a tomar créditos de la ANSES, a tasas altísimas, para poder pagar los exorbitantes aumentos de tarifas de servicios públicos gas, electricidad, agua y para pagar los medicamentos, muchos de los cuales recibían gratis durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.
Y precisamente, esos haberes que se ajustaban por la fórmula macrista eran lastrados por el importe de las cuotas de esos créditos que les daban. Y su colocación por parte de la ANSES no puedo dejar de mencionarlo era muy activa, especialmente en períodos electorales.
En resumen, les incrementaban los haberes poco con la fórmula de 2018 previo recorte de un trimestre y les quitaban ingresos por los precios de tarifas y medicamentos y por los pagos de las cuotas de los endeudamientos a tasas exorbitantes. Porque el crédito alcanzaba para pagar un mes a lo sumo, dos de tarifas. Los meses siguientes debían seguir pagando las tarifas, pero tenían de menos la cuota del crédito descontada de sus haberes previsionales. La tasa era del 37 por ciento anual. Y además, a cerca de un tercio de los endeudados del SIPA jubilaciones y pensiones no contributivas se les otorgó más de un crédito.
Fue una forma de financiarizar a los jubilados, de asegurarse que siempre una porción de sus ingresos estuviera destinada a los carísimos créditos de la ANSES. Díganme si eso no es ajuste.
Ni hablar de los préstamos a los perceptores/as de la AUH: a los más desprotegidos se les cobraba una tasa mayor, del 45 por ciento. Difícil definirlo sin adjetivar, como me lo propuse. Y además, dadas sus necesidades, se llegó a endeudar con la ANSES el 85 por ciento de los y las perceptoras de la AUH, al 45 por ciento anual. Disculpen que lo repita, pero cuesta creerlo.
Totalmente distinto a la situación actual, donde desde la oposición se dice erróneamente que los jubilados perdieron.
Cabe detallar que, además de los aumentos en los haberes, los jubilados y jubiladas han tenido varios beneficios muy importantes. Voy a mencionar los más relevantes. Suspensión del cobro de las cuotas de los créditos ANSES, beneficiando a 2,5 millones de jubilados/as y pensionados/as. La tasa de interés se redujo del 37 al 29 por ciento. No capitalización de intereses acumulados por créditos ANSES. Unos 60.000 millones de pesos de esfuerzo del Estado que alcanzan a cerca de cinco millones de personas, entre quienes reciben recursos del SIPA y quienes reciben la AUH. Congelamiento de tarifas de servicios públicos. Provisión de medicamentos sin cargo para los/as afiliados/as de PAMI, con un vademécum implementado por el gobierno nacional de medicamentos gratuitos.
Quiero detenerme en este último punto y mencionar un reportaje, publicado ayer en Página 12, a Luana Volnovich, titular del PAMI. Sostuvo que “hay 170 principios activos que cuando vas a la farmacia se traducen en 3.800 cajitas, marcas. Son los medicamentos esenciales gratuitos para todos los jubilados para las patologías más habituales prevalentes de los adultos mayores, y los tenemos en el vademécum”. Es claro que no recoge a todos los medicamentos, pero “los que no están tienen una cobertura altísima: 50, 60 y 80 por ciento”.
Y presten atención a este dato que dio Volnovich: “Dos millones de personas que consumen medicamentos se ahorran un promedio de 3.200 pesos por mes, el 20 por ciento de una jubilación mínima”.
Sin duda el actual es otro modelo, uno que privilegia a los jubilados y a las personas más vulnerables, una definición que estuvo desde el inicio de la campaña de Alberto Fernández.
La fórmula propuesta en este proyecto que estamos tratando no solo permite que los haberes saquen provecho de los aumentos salariales sino incluso que crezcan por encima de los mismos. No es solo teoría, no es relato, y mucho menos es posverdad.
Según datos de la ANSES, si se hubiera aplicado la movilidad jubilatoria macrista ley 27.426 con un índice 100 para diciembre de 2008, hacia septiembre de 2017 las prestaciones jubilatorias en términos reales hubieran llegado a un índice del 99,8, igualando a la inflación. Pero si al mismo período se calculan los haberes a los que se les aplicó la fórmula de la ley 26.417 del gobierno de Cristina Fernández, se llegó a septiembre de 2017 último ajuste por la ley de 2008 con un índice del 125,8, es decir, con un aumento del poder adquisitivo de las jubilaciones del 25,8 por ciento. Este 25,8 por ciento no es hipotético; es lo que efectivamente sucedió. A partir de allí, con la fórmula macrista, los haberes perdieron un 19,5 por ciento desde ese aumento de septiembre de 2017 a diciembre de 2019. Es una pérdida imposible de recuperar si volvemos a actualizar los haberes jubilatorios por la inflación.
Un tema para destacar: en los debates se preguntó qué significaban las “comparaciones de forma homogénea”. Tiene que ver con la denominada “cláusula de legislación constante”. Esta cláusula establece que las comparaciones entre períodos deben realizarse “de forma homogénea”, lo cual implica que los cambios en la política tributaria o en las condiciones de acceso a los beneficios no tendrán efecto en la movilidad. Utilizar recursos tributarios y totales así como beneficios es un importante aporte a la sustentabilidad del sistema previsional, pero hace a la fórmula muy sensible a la composición de los recursos que pueden verse modificados por cambios impositivos, así como a la evolución de los beneficios. Blindar a la movilidad previsional de cambios en las condiciones de acceso a beneficios o de decisiones tributarias que tengan otros objetivos de política económica es una virtud que otorga previsibilidad a la fórmula. Es decir, se utilizarán siempre los mismos parámetros, “de forma homogénea”, para calcular la movilidad.
Reflexionemos: con el modelo que se está aplicando, ¿qué sindicato va a aceptar convenios salariales por debajo de la inflación? Además, la recaudación previsional va a crecer por este aumento de los salarios reales, pero también porque la mayor actividad va a traer mayor trabajo.
Y también debemos tener en cuenta la formación de expectativas que se hace sobre la inflación y el sesgo ideológico de los mismos. No digo nada nuevo, ya que está en la nota de Alfredo Zaiat de este domingo en Página 12.
El presupuesto 2021 tiene una inflación estimada del 29 por ciento, con un intervalo de cuatro puntos hacia arriba o hacia abajo. El REM, que recoge los datos de los analistas, estima una inflación del 50 por ciento para el año que viene, teniendo ésta una gran diferencia con la oficial. Y ese 50 por ciento es un promedio, ya que hay un grupo de encuestados el 10 por ciento que responde que será mayor al 58 por ciento; son los que salen por los medios.
De hecho, si hacemos historia de las predicciones de inflación para 2021, en noviembre de 2019 ya conocido el resultado electoral el REM proyectaba, en promedio, una inflación para 2021 diciembre 2020 respecto de diciembre 2021 del 33 por ciento, y esas proyecciones fueron creciendo a medida que la inflación en este 2020 se iba aminorando.
¿A qué viene todo esto? Las prestaciones previsionales son, por lejos, el gasto público más importante. Imaginémonos que estén atadas a la inflación. Con los pronósticos que les acabo de comentar, los analistas del establishment van a decir que el presupuesto público va a ser incumplible, que el déficit fiscal se va a ir por las nubes, que el gobierno tendrá que emitir o endeudarse , que el sistema previsional va a colapsar, que no se le va a poder pagar a los jubilados y que el gobierno va a terminar ajustándolos, y otras tantas cuestiones apocalípticas que necesariamente van a repercutir en forma negativa sobre la economía.
Y no estoy elucubrando. En una nota de El Cronista de hoy, titulada Analistas advierten que la paz cambiaria luce frágil y esperan mayores señales fiscales, se dice: “El desequilibrio fiscal está en el centro de la escena de todos los informes financieros y macroeconómicos que circulan en la city porteña, siendo éste la causa central de los desequilibrios económicos y cambiarios”. Lo voy a repetir: se refiere al déficit como la causa de los desequilibrios económicos y cambiarios.
Porque, reflexionemos: ¿cuál ha sido la reivindicación histórica de los jubilados y jubiladas? El 82 por ciento móvil, es decir, que los haberes previsionales sigan el curso de los salarios. No solo es lógico, sino que es una idea instalada en la sociedad. Y todos aspiramos a llegar a ese nivel, pero no se puede hacer hasta tanto no estén los recursos para ello.
Pero además tengamos en cuenta que nuestro sistema previsional según me gusta definirlo es doblemente solidario, porque los aportes patronales y contribuciones personales no alcanzan para financiar todo el gasto. Éste se financia en algo más de un tercio por los distintos porcentajes de impuestos que van directamente a la seguridad social.
Se sostiene que el tope existente respecto del crecimiento de los recursos de la ANSES es “el ajuste”. Nada más alejado de la realidad, y la experiencia lo ratifica. Lo que se propone es que si la evolución de salarios y recaudación tributaria de la ANSES fuera mayor a la recaudación total del organismo, la ANSES pagará prestaciones un 3 por ciento por encima del total de lo que recauda. Esta situación es excepcional, ya que en los nueve años de vigencia de la fórmula de la ley de 2008 ocurrió solamente en tres oportunidades, garantizando de todas maneras que las jubilaciones y pensiones igualmente superaron la evolución de los precios en dos de las tres oportunidades.
No olvidemos que tenemos que seguir aplicando, y cada vez con mayor intensidad, políticas que vayan frenando la inflación. Estoy convencido de que hay que ir recuperando los preceptos de las leyes sancionadas en 2014 sobre regulaciones de la producción y el consumo. Se trata de normativas que permiten al Estado analizar las cadenas de valor, detectar irregularidades y evitar, de esa forma, ganancias excepcionales que las terminan pagando tanto los productores como los consumidores, una buena información de precios, etcétera. Es parte de todo un conjunto de herramientas de preservación del poder adquisitivo de la población; no solo de los jubilados sino también de los más débiles.
Permítanme realizar una reflexión general. Estoy convencido de que estamos en presencia de un Parlamento activo, que funciona como ámbito de debate y de mejora de los contenidos de los distintos proyectos de ley. Además, las bancadas oficialistas tienen un aceitado diálogo con el Poder Ejecutivo. En ese sentido, es natural que surjan modificaciones en el tratamiento de las distintas propuestas, un proceso virtuoso en el que la mirada técnica y la política se complementan y refuerzan. Un verdadero respeto por las instituciones republicanas.
El proyecto que estamos tratando, venido del Senado, es un verdadero ejemplo de lo que acabo de mencionar.
El Senado ha introducido modificaciones que mejoran el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Tuvo en consideración el trabajo realizado por la comisión constituida según lo establecido en el artículo 56 de la ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
No va a haber trimestres perdidos, como sucedió en la aplicación de la fórmula macrista. Para el trimestre octubre/diciembre de 2020 ya está definida la actualización 5 por ciento , y en marzo se comenzaría a aplicar la nueva fórmula, que se ha definido que será de aplicación trimestral. Además, los rezagos han sido reducidos al máximo: solo unos tres meses.
En resumen, nos encontramos con una fórmula de movilidad jubilatoria que toma la normativa que ya ha demostrado su fortaleza, que ha incrementado más del 25 por ciento la capacidad adquisitiva de los haberes, y se mejora aún más.
Por todas estas razones, estoy convencido de que hay que apoyar este proyecto de ley venido en revisión del Senado.