8. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MARTÍNEZ (M. D.)

Modificación del índice de movilidad jubilatoria

Nos encontramos debatiendo nuevamente un cambio en el Sistema Previsional Argentino, práctica que se ha ido desarrollando con mayor frecuencia durante los últimos años. No vengo a defender ni una fórmula ni la otra, sino a pedir que discutamos seriamente una que no se convierta en una variable de ajuste utilizada por los gobiernos de turno para atender necesidades coyunturales sin establecer caminos que resuelvan la problemática a largo plazo.
Ello nos lleva a la necesidad de efectuar una autocrítica como clase dirigente, toda vez que no hemos podido establecer las bases de un acuerdo que brinde sustentabilidad a un sistema que luce cada vez más recalentado y deficitario.
La fórmula de la movilidad de las prestaciones, vigente desde el año 2017, establecía un criterio de actualización sobre la base de la variación del índice de precios al consumidor y la variación del índice RIPTE -remuneración imponible promedio de los trabajadores estables-. Dicha fórmula fue duramente criticada en el proceso de su sanción, e incluso se generaron graves incidentes el día en que se debatía en este recinto.
Una de las primeras medidas adoptadas por la administración actual fue suspender dicha fórmula y pasar a un esquema de “movilidad discrecional” mediante aumentos trimestrales por decreto que en casi todos los casos implicó que los jubilados perdieran poder adquisitivo en comparación con lo que les hubiera correspondido de aplicar la tan criticada fórmula por entonces vigente.
Esta medida, cuya vigencia original estaba prevista en 180 días, fue prorrogada por seis meses más transcurriendo en definitiva todo un año en el cual la suerte de los incrementos de los jubilados y demás prestaciones asociadas al sistema dependió de la lapicera del presidente.
Este año, que debía ser de debate, de profundización de los argumentos, llegó a su fin con una resolución que vuelve a una fórmula con problemas. Y así perdemos un año y solo perpetuamos la ausencia de soluciones.
Dicha medida, dispuesta con el objetivo de “atender en forma prioritaria y en el corto plazo a los sectores de más bajos ingresos”, en realidad implicó un verdadero desmedro hacia ellos, con el objetivo de cortísimo plazo de generar al Estado un ahorro de aproximadamente 100.000 millones de pesos. Se trata de un ahorro forjado sobre las espaldas de los jubilados, pensionados y otras personas que perciben asignaciones cuyo incremento se encuentra ligado al sistema.
En 2020, todas las jubilaciones deberían haber subido casi un 42 por ciento con la fórmula suspendida -11,6 por ciento en marzo, 10,9 por ciento en junio, 9,9 por ciento en septiembre y 4,5 por ciento en diciembre-. Ese porcentaje es superior al 35 por ciento que aumentarán las jubilaciones mínimas y también está muy por encima del 24 por ciento que aumentaron las jubilaciones máximas.
Entonces, ¿estamos debatiendo sobre la implementación de “una mejora”, como se ha repetido sostenidamente en este debate por los partidarios de la reforma? Claramente que no. Nos encontramos ante el establecimiento de una fórmula “de éxito probado” según sus defensores, éxito que no puede ser demostrado hacia adelante pero que a su vez resulta poco transparente, ya que se pasa de un cálculo de actualización basado en índices de acceso público a un cálculo efectuado sobre la base de la combinación de un índice de esas características con otro, consistente en el 50 por ciento de la variación anual de los recursos tributarios de la ANSES, lo cual hace imposible al ciudadano común efectuar un adecuado control del incremento.
Toda vez que el Estado se vuelve opaco, lo más probable es que esté ocultando un perjuicio para los ciudadanos.
Finalmente, resulta oportuno resaltar una vez más la necesidad de efectuar un acuerdo profundo, un pacto de consenso entre las fuerzas políticas que siente las bases para lograr la sustentabilidad del sistema a largo plazo. De lo contrario, muy probablemente en no muchos años, por no decir un par, nos encontremos aquí nuevamente reunidos tratando de aprobar otra reforma “superadora” que responda a una nueva necesidad coyuntural que no atienda el problema de fondo.
Alcanzar esa estabilidad era, en parte, el objetivo de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional, la cual tenía por misión realizar un estudio pormenorizado, efectuado con el debido tiempo, para contemplar el verdadero alcance de los desafíos que enfrenta el sistema previsional argentino y, por sobre todas las cosas, permita corregir aquellos desvíos que lo van tornando cada vez más insostenible.
Cada vez más personas requieren la asistencia del Estado para procurarse recursos, que a duras penas les alcanzan para lograr una subsistencia indigna. El margen de maniobra se agota. Durante el debate en el plenario de comisiones, el diputado Quetglas destacó, entre otros puntos, cómo el bono demográfico se pone en rojo. La caja no da más.
Por ello, creemos fervientemente que la falta de debate y la arbitrariedad son el origen de nuestro estancamiento y de nuestra crisis. A esto podemos sumar que la herencia de la pandemia será laboral y profundizará la precarización, la informalidad laboral y la pobreza que veíamos antes de la crisis. Hoy no hay desafío económico y social más urgente que poner a los argentinos a trabajar en empleos genuinos e incorporarlos al sistema previsional para sostener el propio sistema.