Nos reunimos para definir un beneficio extraordinario de carácter económico a los familiares de las víctimas. Es un proyecto cuyo espíritu comparto pero, como sucede con muchos otros, hubiera preferido una discusión más profunda, con más voces involucradas. Sin embargo, acompaño el proyecto porque lo considero como un primer paso, con la posibilidad de profundizar en la Cámara revisora o en su reglamentación. Los acuerdos muchas veces nos obligan a movernos sin profundizar más en datos y declaraciones.
Quiero destacar el trabajo de la comisión bicameral, cuyo informe final he leído atentamente y del que quiero compartir algunas reflexiones. El relato que se obtiene de este trabajo es angustiante: desde la última comunicación el 15 de noviembre de 2017 hasta los detalles por las posibles averías probablemente subestimadas.
Una observa las dudas que se plantean en cuanto a la instrucción en torno al nuevo equipamiento instalado durante el mantenimiento realizado en la Reparación de Media Vida y puede solo imaginarse que otro tipo de desmanejos, como el incumplimiento de un procedimiento que advierta a la cadena de mando y otros que son consecuencia, muy probablemente, de limitaciones técnicas, formativas y presupuestarias.
Otro de los puntos es una degradación de largo aliento, que se evidencia en la falta de navegación y experiencia entre el cuerpo de submarinistas. Aquí hay una falla profunda del Estado. La falta de actividad limitó la transmisión de la experiencia necesaria para estas misiones. Se destaca también cómo persisten dificultades para la selección de personal idóneo para cubrir aquellos cargos de mayor responsabilidad en la Armada.
Otro punto es la crisis organizacional, conclusión a la que arriba la comisión bicameral, que queda atado a las continuas discusiones sobre la modernización de las fuerzas y cómo debe ser su rol hacia adelante.
Debe quedarnos claro algo: este lamentable accidente no es causa de un error, sino que es una característica de un sistema al que debemos con urgencia aggiornar al siglo XXI, considerando el rol de las fuerzas armadas y replanteando el sistema de defensa a nuevos objetivos. Algunos de ellos, económicos. Las fuerzas son quienes velan por nuestra soberanía, y en un espacio como nuestro litoral marítimo también lo hacen por nuestras riquezas. Si vamos a llamar al Mar Argentino “nuestra Pampa azul”, debemos cuidarlo como tal. El patrullero ARA Bouchard se encuentra en puerto sin combustible para patrullar, destino que parece esperar al ARA Piedrabuena, que debe arribar antes de junio, si no trabajamos de forma transparente y eficiente; incluso considerando los nuevos fondos disponibles a través del FONDEF.
Cabe preguntarse, entonces, qué defendemos y cómo lo defendemos. ¿Qué guerra interestatal convencional vislumbramos en el horizonte? ¿O es una reformulación con los recursos naturales como centro de nuestra defensa de soberanía la que debe primar? Es un trabajo conjunto con las fuerzas lo que debemos llevar adelante, de manera transparente, haciéndolas parte, sumando su experiencia, su apego democratico y su lealtad a la patria.
Que esta ley sea una herramienta de contención de las familias de las víctimas que dejó la tragedia del hundimiento del ARA San Juan, pero no perdamos de vista la urgencia sobre la necesaria discusión que debemos dar: la transformación e innovación del Estado argentino desde un enfoque integral, y en particular sobre un área tan importante como la de Defensa.