1. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CARRIZO (N. M.)

Ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Modificación sobre ampliación de la moratoria para paliar los efectos de la pandemia generada por el COVID-19

Venimos a tratar un proyecto de ley que se inserta en el marco de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
EL objetivo es atender la situación de ahogo financiero que arrastraban las micro, pequeñas y medianas empresas y las entidades civiles sin fines de lucro.
Corresponde agregar que, desde el primer día, no solo se priorizó el cuidado de la vida y la salud de las argentinas y los argentinos, sino que, a la par, se establecieron un conjunto de medidas para preservar la actividad económica.
A pesar de los esfuerzos realizados por el Estado nacional para amortiguar el impacto de la crisis del COVID-19 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otros- se verificó un deterioro del entramado productivo expresado en la caída en los niveles de actividad económica, cierre de empresas y pérdida de fuentes de trabajo.
Esta situación se generalizó a personas humanas y jurídicas que originalmente no habían sido contempladas en el régimen aprobado por la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública. Entre otras manifestaciones, se registró un incremento del 50 por ciento de la deuda tributaria del total del universo de contribuyentes.
Frente a este panorama, el Estado tiene la función esencial de generar las condiciones necesarias para lograr la recuperación de la actividad y preservar las fuentes de trabajo ante la grave situación que atraviesa la economía.
La moratoria es una herramienta para volver a crecer. Esta moratoria permite que desde una gran empresa hasta el último monotributista social puedan acceder a un programa de facilidades que involucra más de 500.000 millones de pesos que los argentinos van a poder regularizar frente al fisco.
Estamos hablando de brindar una herramienta a quienes son víctimas de una pandemia que está destruyendo las economías y que, en la Argentina, también ha tenido un altísimo impacto. Es de vital importancia para pensar la economía de la post-pandemia, para pensar en adelante de manera amplia y generosa.
El proyecto busca tener al tejido productivo, comercial y de servicios lo más fortalecido posible para afrontar lo que se viene, una etapa difícil. Necesitamos medidas que ayuden a la recuperación de las empresas y, por ende, del empleo de calidad. La moratoria es un engranaje clave para ello.
Por primera vez estos programas han sido absolutamente transversales: entraron todos los contribuyentes con distintas condiciones.
El texto enviado por el Poder Ejecutivo amplía el universo de contribuyentes que pueden adherirse a la moratoria vigente a todas las personas jurídicas y humanas, pudiendo regularizar sus deudas los contribuyentes que no podían acceder en los términos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Por todo lo expuesto, mi voto es afirmativo con la firme convicción de trabajar por una Argentina unida.