3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO FRIZZA

MODIFICACION SOBRE AMPLIACION DE MORATORIA. LEY 27.541 - O.D. N°76

Por el singular contexto en que se da, atravesado por la pandemia y sus consecuencias sociales y económicas, la moratoria que hoy debatimos podría considerarse una de las más justas o justificadas de las que hemos analizado. Tiene sentido de la oportunidad, al menos.
Nadie puede desconocer el daño enorme que ha ocasionado la pandemia que estamos viviendo. Todos conocemos las cifras catastróficas que tenemos en la economía del país, y su reflejo en una sociedad más emprobrecida y con sus problemas estructurales agravados.
De todas maneras, quiero también marcar algunas cuestiones que me parecen que quedaron “cortas” en esta iniciativa. ¿A qué me refiero? A que las deudas que se pueden incorporar son solo aquellas que vencen hasta el 31 de julio del presente año, cuando hoy mismo el presidente Alberto Fernández acaba de anunciar una prórroga de la cuarentena hasta el 16 de agosto, lo que implica que muchos comercios seguirán cerrados, sin posibilidad de generar los recursos necesarios y acumulando deudas que serán imposibles de pagar.
¿Por qué no aprovechar entonces la oportunidad de incorporar a todos estos comercios, por lo menos hasta que los dejemos trabajar en el marco de una “nueva normalidad”?
¿Cómo hacen, si no, los propietarios de esos pequeños y medianos comercios para hacer frente a las obligaciones que van a vencer después de la fecha antes mencionada? Insisto: debemos incorporar todos los vencimientos que se produzcan mientras dure la pandemia.
Considero que, tal como vino esta iniciativa al recinto, su espíritu general de ayudar a los contribuyentes a ponerse al día con el fisco no tiene el reflejo que sería deseable en los plazos de aplicación.
Por otra parte, también quiero dejar sentado que no es viable que las cuotas se empiecen a pagar en el transcurso de este año, cuando todavía no habrá una recuperación que permita regularizar la actividad comercial a pleno.
Estoy convencido de que los planes de pago deben comenzar a vencer 90 días después de que las empresas o comercios funcionen ya en plenitud. De lo contrario, en la práctica la moratoria será para ellos incumplible y los hará seguir acumulando deudas.
Si no tenemos en cuenta mínimamente estos dos factores que acabo de mencionar, no habrá impacto positivo real de la moratoria, ni sobre el funcionamiento de la economía en sí, ni sobre la recaudación del Estado.
Es lógico y comprensible que el Estado necesite recuperar parte de la recaudación perdida, pero no hay recaudación posible sin entramado productivo, sin actividad comercial, sin la rueda del consumo girando nuevamente.
Tampoco voy a entrar en la discusión respecto de si el artículo 11 de este proyecto de ley es o no un traje a medida para una empresa o grupo económico en particular.
La sociedad está muy atenta a estas cuestiones y juzgará en uno u otro sentido cuando se verifiquen los efectos prácticos de la ley. Si se benefician de ella quienes hoy deben rendir cuentas de sus actos en la Justicia, será la propia ciudadanía la que dará su veredicto.
Como dije, creo firmemente en la necesidad de esta moratoria; pero, también tengo, junto a mis compañeros de bancada, marcadas diferencias en varios artículos con respecto al proyecto del oficialismo.
Esas discrepancias están plenamente señaladas en un despacho de minoría que elaboramos en mi bloque, y que son las que fundamentan mi abstención en esta votación.