1. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO ARCE

Acuerdo de Escazú

Para comenzar, quiero celebrar el tratamiento del tema que nos convoca y el acuerdo unánime al que llegamos en el tratamiento del plenario de las comisiones, porque esto demuestra que somos capaces de cerrar la grieta partidaria y política para acordar los temas de incidencia colectiva que necesitan respuesta inmediata.
Ya para referirme al proyecto de ratificación en sí, quiero hacer un aporte para mirar, desde el derecho y el marco legal, la importancia del mismo.
La historia de la protección de los derechos ambientales en Argentina, si bien estaba reconocida en el anterior artículo 33 de la Constitución Nacional, se resuelve de manera explícita tras la reforma de la Constitución de 1994 con la inclusión de las normas internacionales de protección y la consagración literal en los artículos 41 y 43.
En este sentido, el Acuerdo de Escazú refuerza lo que ya está normado en esos artículos, a la vez que nos plantea el desafío de generar un cambio de paradigma para que comencemos a transitar el camino hacia una democracia ambiental que ponga en discusión las dificultades que presenta al legislador el cuidado del ambiente, especialmente condicionado por las características particulares donde los límites de los ecosistemas no coinciden con los límites políticos y se generan resistencias a la hora de someterlos a estructuras de división política, como las fronteras provinciales, nacionales o internacionales.
Estas ventanas de oportunidad que significan los acuerdos regionales como Escazú son entonces doblemente valiosos porque sientan la base para consensos mínimos. Mediante la ratificación como la que nos proponemos hoy aquí, los países acordamos cumplir generando herramientas de control a las que apelar cuando no se cumplan con esas prerrogativas.
Lo central del acuerdo gira en torno al acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la Justicia y las garantías para los defensores ambientales.
Las disposiciones que contiene el acuerdo nos van a dotar de mejores herramientas para la participación en los procesos de evaluación de impacto ambiental. En mi provincia han avanzado los desmontes de manera descontrolada durante la cuarentena; diversas ONG han denunciado las operaciones en la Estancia La Fidelidad. Quiero decir a esas organizaciones ambientalistas que Escazú aumentará el rol de control sobre las decisiones administrativas y judiciales, y que ahora tienen una herramienta más que llega acá hoy por este compromiso incansable suyo de militar por un ambiente sano.
Garantizar el derecho de acceso a la Justicia sin costos prohibitivos, fundado en una legítima defensa del ambiente, es el desafío que se nos plantea después de la ratificación del Acuerdo: dotar al Estado y al Poder Judicial de órganos competentes y procedimientos adecuados para dar cumplimiento a ello.
Este es el puntapié: tenemos Acuerdo; fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; una sociedad civil organizada en torno a la defensa del ambiente, y voluntad política que pone por encima estas cuestiones y se olvida de las diferencias partidarias. Avancemos hacia un futuro donde el paradigma sea el ecocentrismo y la democracia ambiental.