3. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BERMEJO

Defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad

En primer lugar, quiero destacar la importancia de este proyecto de ley de defensa de los activos del Fondo de Garantía, con el objeto, justamente, de defender y proteger el fondo de todos los jubilados y jubiladas.
Hoy estamos debatiendo una ley que defiende los recursos de la seguridad social que administra la ANSES, que es lo que da sustentabilidad al sistema, cambiando el enfoque y permitiendo que en vez de invertir en fondos internacionales, limitándose a decisiones de rentabilidad, esos recursos sean dirigidos en forma estratégica al crecimiento y desarrollo de nuestro país.
A su vez, se acompaña y colabora con las provincias, que hoy también se encuentran en una situación compleja, mediante un acuerdo que permita una nueva manera de financiación de las deudas.
Esta ley también viene a resolver el problema de aquella Ley de Reparación Histórica que se implementó en el año 2016, con la intención de disminuir los reclamos judiciales. Ahora bien, no solo no se resolvió la disminución de causas judiciales, las cuales ascendieron y pasaron de 29.166 -en etapa de sentencia- en junio de 2016 a 86.179 en enero de este año. Podemos observar a las claras que el objetivo de la ley no se ha cumplido, sino también que las decisiones del gobierno anterior le hicieron perder a este Fondo el 50 por ciento de su valor en dólares, por la gran crisis económica que hizo caer las acciones sumado a la venta de activos en dólares, entre otras medidas económicas, que terminan afectando el fondo del conjunto de los jubilados y jubiladas.
En este marco, los pagos de Reparación Histórica para aproximadamente 900 mil jubilados no solo representan montos elevados, aproximadamente 10.000 millones de pesos, sino que su cumplimiento es a largo plazo y prolongado, lo que se estima entre quince a veinte años. Asimismo, quedan 41.241 millones de pesos a la fecha y sólo alcanzarían para afrontar pagos hasta el mes de octubre.
Asimismo, en el marco de una pandemia, se han tomado medidas que claramente han afectado la economía, el cierre de actividades, la reducción y exención de impuestos; es claro que la recaudación se ha visto afectada.
Es por ello que ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos de la Reparación Histórica con el Fondo de Garantía, se decide cambiar la orden de prelación de pago, trasladando la obligación del mismo al Ministerio de Economía.
Es una medida que protege el Fondo de Garantía para garantizar y priorizar el pago de todos y todas las jubiladas, con una premisa clara de solidaridad para con nuestros abuelos y abuelas que necesitan un Estado que los cuide y los proteja, hoy más que nunca.
Son políticas que tienen que ver con alcanzar el conjunto de los jubilados y jubiladas, y no se trata de dejar de cumplir con el pago de los novecientos jubilados y jubiladas que han accedido a la Reparación Histórica y que claramente podemos observar en la ley. El Ministerio de Económica cumplirá con la obligación, pero lo que no podemos perder de vista es el caso de una situación excepcional en donde el Fondo cuente justamente con los recursos que garanticen el cumplimiento de pago del conjunto de los jubilados y jubiladas.
Y en este sentido, es clave las decisiones que tomemos como representantes del pueblo sobre el rol del sistema de la seguridad social para paliar la crisis, porque detrás de estas decisiones hay personas esperando que trabajemos todos los días para que se garanticen sus derechos. Por eso tenemos que trabajar juntos en consenso con el objetivo de mejorar la vida de nuestros jubilados y jubiladas.
En este marco, y reconociendo los esfuerzos que están realizando las provincias en el contexto de pandemia, con menos recursos y mayores gastos, se promueve una renegociación de los préstamos.
En el contexto financiero y económico que atraviesan las provincias, afrontar el pago de una deuda sería perjudicial para sus economías. Este proyecto trae un gran alivio para la provincia de Mendoza y para todas las provincias que han tomado este crédito.
Se trata de decisiones políticas concretas en un contexto de pandemia, reconociendo las dificultades que atraviesan tanto los beneficiarios de los créditos como las jurisdicciones provinciales.
Por eso mi voto será positivo, porque es una ley enfocada en una realidad social priorizando el desarrollo económico de las provincias, llevando adelante decisiones que dan tranquilidad y mejoran la calidad de vida a todos los jubilados y jubiladas, garantizando, a su vez, el bienestar de todos y todas las argentinas.