6. INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA MARTÍNEZ (D.)

Acuerdo de Escazú

Tenemos el honor de debatir acerca de un tema indispensable para nuestras posibilidades de subsistencia y que, por su trascendencia actual y a futuro, nos une. Une a personas que se identifican con distintos partidos políticos, une a varias generaciones y une a los países que formamos parte de América Latina y el Caribe.
La ratificación del Acuerdo de Escazú, firmado por veintidós países de la región y ya ratificado por diez, apunta a garantizar el acceso a la información ambiental de manera oportuna y adecuada, para poder conocer las cuestiones relacionadas a gestión ambiental. También garantiza el derecho a participar de manera significativa en las decisiones que afectan la calidad de vida derivada de cuestiones ambientales y abogar por la preservación del entorno natural. Asimismo, Escazú es un refuerzo de los mecanismos y derechos vinculados al acceso a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados, principalmente para las voces ignoradas, como las de las comunidades autóctonas, o directamente amenazadas, como las de los activistas que se oponen a actividades extractivas económicamente rentables, pero ambientalmente devastadoras.
Por todo esto, Escazú es considerado el primer tratado ambiental con perspectiva de derechos humanos.
En términos de acceso a la información, Escazú acompaña lo ya consagrado en la Ley N°27.275 y la Ley N°25.831. No era necesario este acuerdo para reclamar información pero, sin embargo, es una instancia más donde se pone de manifiesto que no hay ciudadanía posible sin transparencia y sin rendición de cuentas. Esto significa que el Estado no es solo responsable por las actividades que realiza sino también por los criterios que aplica para las iniciativas de privados.
El Estado no solo debe reclamar estudios de impacto ambiental sino también controlar, realizar seguimientos, auditar y evaluar las consecuencias de las intervenciones humanas sobre el ambiente. Así, el derecho de acceso a la información se amplía, se enriquece y se especifica, como podemos ver en el artículo 6, permitiendo un verdadero seguimiento por parte de la sociedad civil y un paso adelante para las prácticas de transparencia.
También es un aporte a los derechos humanos porque rescata y vuelve tangible el principio 10 de la Declaración de Río emitida en 2012, donde se enfatiza el derecho a la participación de todos los ciudadanos interesados. Escazú no se agota en el “poder saber” sino que a través de los artículos 7 y 9 afianza el “poder hacer”. Otorga garantías para una participación segura y libre de amenazas. Impulsa una ciudadanía empoderada, activa e involucrada en los espacios de toma de decisiones. Y esta democratización de las decisiones parte del reconocimiento de la democratización de las riquezas naturales.
Ningún particular debe ser dueño de los ríos, de las montañas, de nuestras cataratas y bosques. Es de dominio público y como tal todos somos responsables por su cuidado; de su estado de conservación y sobre las actividades que pueden -o no- realizarse.
Los temas ambientales ya no son de los países, sino de las comunidades que conforman los países. Son de los países integrados con la sociedad y desplegando firmemente los principios de una gobernanza sustantiva. Esa potestad ahora ve un camino concreto desde donde materializarse y tiene además, en el ámbito regional, un órgano encargado de monitorear que eso efectivamente suceda, como así también rector del derecho a la participación a través de la promoción y recomendación de estrategias que profundicen los derechos de las comunidades.
Si algo hemos aprendido del proceso de acuerdo y firma de este tratado es, como ya mencioné, el valor de la integración, pero también el valor de las acciones continuadas y de la visión estratégica a largo plazo.
Escazú es el producto de la Declaración de Río en 1992, donde se establecieron los 27 principios para la protección del ambiente. Diez años después, en 2012, vimos cómo el ambiente volvía a entrar en escena a través de la conferencia Río+20. En el año 2014 también avanzamos, creando un comité de negociación de donde surgió un plan de trabajo y que derivó en el texto final que hoy estamos ratificando.
Esto se logró de a pasos, a veces más lentos de lo que pretendíamos, pero firmes y constantes. Gracias a esta progresividad, alcanzamos diagnósticos compartidos entre los distintos estados y entre los estados con la sociedad civil y académica. Además, logramos establecer que las acciones presentes y las planificaciones para las iniciativas futuras tengan en cuenta mandatoriamente la perspectiva de sostenibilidad económica, social y ambiental. No existen expectativas de bienestar sin un desarrollo equilibrado entre estos tres aspectos y sin entender que los desafíos ambientales ya están acá y requieren de una intervención inmediata y coordinada.
Estamos en momentos de huracanes, tsunamis, tormentas y sequías que se manifiestan con una intensidad nunca vista. Actualmente tenemos medio territorio nacional en llamas. Vemos animales pidiendo socorro en la puerta de shoppings, poblaciones trasladadas que huyen de los incendios y kilómetros de flora arrasada. Vemos los glaciares descongelándose, nuestras tierras agotadas por falta de rotación en las cosechas y alteraciones en las temperaturas.
Por eso, como he indicado arriba, Escazú nos obliga a planificar y pensar a futuro. Nos saca de la inmediatez. Y Escazú también muestra que solo lograremos restaurar el equilibrio natural mediante más y mejor democracia. La democracia no es solo un procedimiento sino un principio. La democracia ambiental que este tratado consagra nos demuestra que la vida colectiva solo es posible con más información, más transparencia, con la participación de los involucrados, otorgándole voz a las poblaciones vulnerables, equilibrando los intereses en pugna y con acuerdos, coordinación y diálogo.
Escazú es un ejemplo de los valores que el país tiene que recuperar para, editando el preámbulo, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la calidad ambiental para nosotros, para nuestra posteridad, protegiendo toda la flora, fauna y recursos naturales que conforman el territorio argentino e integran el ecosistema latinoamericano.