Estamos ante un acuerdo que viene a proponer distintos mecanismos plenamente operativos para lograr equilibrar una situación desigual. Estamos, sin dudas, ante un derecho protectorio. El objetivo que busca el acuerdo es hacer que esa relación desequilibrada entre las partes se incline un poco más a favor de la parte débil, al acercarle las herramientas y los conocimientos básicos que le faltan para poder defender sus objetivos.
Todas las características y las situaciones que intenta ajustar este acuerdo son comunes a los demás derechos protectorios: el derecho laboral, el derecho del consumidor, el derecho administrativo o el penal. Tenemos dos partes: una tiene el poder, y con eso el conocimiento, y la otra intenta defenderse; en este caso, las personas, para lograr proteger el bien común más básico: el medio ambiente.
En esta situación, todo lo que podamos hacer es poco. No nos asustemos con pasarnos, no nos detengamos por detalles. La realidad nos muestra una y otra vez el desequilibrio entre los que se llevan puesto al ambiente y los que pretenden defenderlo. La asimetría es clarita: de un lado tenemos lo mismo de siempre: poder, conocimiento y profesionalidad, la legitimidad que da el dinero y el peso propio, influencia política, organización, recursos, fuerza para imponerse por sí mismo. Del otro, con suerte, una ciudadanía que se mueve por sus propios ideales, que debe organizarse de cero casi en cada caso concreto, juntar fondos de sus propios bolsillos, y que tiene falta de información precisa, falta de legitimación -no se les cree, se los tilda de agitadores-, falta de mecanismos efectivos y necesidad de recurrir al Estado, para que el Poder Judicial actúe y la administración detenga la contaminación.
Es la misma situación que en el derecho del consumidor; tanto es así que el propio acuerdo apunta a la información ambiental en los productos. La contaminación, en nuestra economía moderna, es contaminación por motivos económicos; siempre. Son los modelos de producción impuestos por el mercado. Estamos luchando contra eso, desde una visión ambiental y de protección de los consumidores y trabajadores. La lucha es una. Las similitudes están en todas partes.
Faltan muchísimos derechos en esta situación tan despareja para que estemos ante un equilibrio. Quiero que esto se entienda, porque ahora estamos discutiendo otras leyes, como la de humedales, y lo vemos en cada situación cuando hay un desequilibrio estructural. Constantemente algunos hablan de lo vetusto de los derechos laborales, de lo oprimidas que estarían las empresas y tantas otras cosas; pero, luego de cien años de reivindicaciones y de lucha de los trabajadores -que son el norte, en muchos sentidos, para todos los que defendemos derechos protectorios- seguimos teniendo explotación, trabajo en negro, precarización laboral en el Estado y afuera, trabajo esclavo y tantas otras cosas. Hay que acompañar este acuerdo; tenemos que acompañar todas las normas que permitan equilibrar las situaciones de poder que se dan en nuestra sociedad moderna porque del otro lado, del lado de los fuertes, está el principal eje de poder en nuestra sociedad actual: el dinero.
Vamos a acompañar, sin duda, esta y otras normas que empujen a los que defienden consumidores, trabajadores, defensores ambientales y tantos otros grupos que están del lado del que nada tiene que perder, más que sus ideales. Pero quiero marcar lo que nos falta, que es la mayoría.
Tenemos conciencia en muchas cosas ambientales. La idea ya caló, por suerte. Pero hay un trabajo importante de muchos sectores, los que están del lado fuerte de la relación, para licuar qué es proteger al ambiente y para donde se apuntan los cañones. Esta estrategia de aceptar e inflar una reivindicación, pero correr los cañones del centro, la conocemos todos los que luchamos por la justicia. La vemos todos los días y voy a dar un ejemplo de la lucha que me trajo acá, la de la protección de los consumidores, frente a los proveedores. En ese caso, en donde tocamos el bolsillo de los fuertes sin tapujos, se acepta, aunque a regañadientes, que hay que defender a los consumidores; hasta las empresas aceptan esto. Pero ¿cómo? Ahí está la trampa. Nos ponen discusiones sobre cartelería, sobre el precio del tomate, sobre cositas. Pero el elefante nos pasa por enfrente. Vayan a cualquier juzgado civil y comercial del país y vean cuántas causas son por temas de seguros ¿Cuándo fue la última vez que se discutió en este país la Ley de Seguros? ¿Y la responsabilidad directa de la empresa de seguros? Como ese tema, tenemos cantidad. Nos corren los cañones. Quiero marcar como acá, en este acuerdo, también nos corren un poco los cañones.
Fíjense que se habla de la información pública. Pero ¿quién tiene que dar la información? El Estado. Los casos que alcanzan a terceros están acotadísimos. ¿Y quién cree que tiene la información sobre afectaciones ambientales en una economía de mercado que se mueve por la empresa privada? Los privados, señor presidente. Nos corrieron el arco. Le cargan el problema ambiental al Estado, y los privados veremos si indirectamente los hacemos cargo. En esta ecuación, y en nuestro sistema de protección de los derechos humanos, claramente el Estado es un actor central. De eso no hay duda. Pero los privados son sujetos de los tratados internacionales hace mucho tiempo, y de los derechos constitucionales, hace aún más. Nadie duda de esto cuando se proponen acuerdos de comercio en donde entran todos; pero, acá los dejan afuera casualmente.
El enfoque es importante en estos temas, porque si nos quedamos en cada cosa que pasa, nos perdemos. No nos damos cuenta de cómo pasa el tiempo y de a poco se distorsionan los temas solo para no cambiar nada. Esto es algo que me preocupa, porque pasa el tiempo y no vemos avances significativos en el sentido correcto. En esto, el tiempo no es infinito. Los daños al ambiente los vemos todos los días. Las diferencias en nuestras comunidades no son de hace doscientos años; son de hace unos años. No está habiendo tratamiento de los residuos cloacales en gran parte del país. Se contamina en la explotación minera sin tapujos. Los cursos de agua están destruidos y, en lugar de ser un sustento de vida, son un foco de infección.
Quiero cerrar marcando otro elefante que se nos pasa y que sigue el mismo norte que este convenio que estamos discutiendo y, espero, aprobando hoy. Quiero hablar de las acciones colectivas.
Desde que estoy en este Congreso lucho por este tema. Tuvimos la oportunidad de tratar, en este mismo recinto, un proyecto de acciones colectivas; pero, el pleno prefirió no dar quórum inmediatamente. Se nos va el elefante.
La información es el primer paso en defender a cualquiera en una situación desigual. Pero ¿cuál creen que es el segundo? ¿A quién le vamos a vender que, porque la información esté, entonces el poderoso, que lucra usualmente de manera colosal con todo el sistema porque se haga público algo, va a dejar de hacerlo? ¿Acaso el Estado alguna vez dejó de hacer algo porque se hiciera público?
El acceso a la información es el requisito para terminar en la Justicia y en la acción en las calles en estos derechos. Nadie puede confundirse. Los trabajadores pueden muchas veces parar una producción, porque están adentro y porque los intereses los tocan directamente. Pero, los que defienden el ambiente, muchas veces son un puñado; el interés está más lejos y no pueden frenar desde adentro nada. Están afuera, defendiendo los derechos de todos. Van a terminar en la Justicia.
Si no les damos una ley para que puedan defender los derechos comunes; si no les damos seguridades para que hacerlo no les implique perder sus propios bienes, lo que, por ejemplo, ha intentado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires al demandar a una ONG ambiental por decenas de millones de pesos por frenar una obra de subte sin autorización ambiental; si no les damos una herramienta judicial eficaz, simple y abarcadora, entonces no nos importa el tema. Sin una ley de acciones colectivas, no podemos defender estos derechos.
Lo que aprobemos hoy es un paso más; uno de muchos. Pero no estamos para festejar; la situación es gravísima a nivel mundial. El eje sigue estando corrido. Los problemas ambientales no son temas anecdóticos. No son cuestiones que vayamos a arreglar con pajitas de cartón o no tirando el papelito en el piso. Nos quieren correr el arco. Los problemas ambientales tocan el corazón de la economía moderna. Los que tienen el poder e imponen el modelo no lo van a entregar sin luchar, ni en Argentina, ni en ningún lugar del mundo. Si queremos avanzar, tenemos que dar las discusiones que no se quieren dar: avanzar hacia una economía circular, al consumo sustentable, a garantías de productos mucho más largas, a una economía de reparación y durable, a necesidades verdaderas básicas y no a consumismo estúpido.
No hay que caer en discursos simplistas. Hacerlo, es aceptar que no vamos a hacer nada, sacarnos la fotito e irnos a nuestras casas contentos porque estamos salvando el mundo; de a una foto a la vez.
Es casi imposible que alguien con poder en el mundo actual vaya a estar a favor de estas reivindicaciones porque, lograrlas, es perder ese poder.
Si tenemos la información, hacemos el reclamo, terminamos en juicio y no logramos una respuesta, estamos perdidos. Tenemos que dejar de hacer que hacemos y activar todos los mecanismos -los políticos, los judiciales y los legislativos- para lograr torcer este destino que nos imponen desde las decisiones a corto plazo, con un único norte: la riqueza de hoy.