9. INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO RAMÓN

Defensa de los activos del fondo de garantía de sustentabilidad

 No voy a entrar en todos los aspectos del proyecto, que creo que todos vamos a acompañar, porque se comprendió en la comisión fácilmente el problema que se ha generado y la necesidad de un reenfoque en el uso del fondo, así como la situación apremiante de muchas provincias de renegociar las deudas con él.
El único punto, que también veo que tenemos acuerdo y será motivo de discusión cuando iniciemos la semana próxima el trámite del presupuesto, es el de la asignación de la partida, que ya contamos con el compromiso de hacerse. Yo quiero pararme en un aspecto positivo del proyecto que pasó sin demasiada atención y que felicito al Poder Ejecutivo por la inclusión: los créditos de la ANSES.
Me alegra que los hayamos puesto sobre la mesa, porque es un caso en donde vemos un abuso hacia los jubilados y consumidores -justamente, doblemente vulnerables-, que demuestra cómo muchas veces el Estado toma las peores prácticas de los privados.
El problema de los préstamos en argentina es grave. El del sobreendeudamiento, también, y la falta de cualquier tipo de solución a esta situación es aún peor. En la Argentina, el consumidor sobreendeudado no tiene salida.
Esta situación, la incentiva el Estado y la aprovechan los privados. Este Congreso no da respuesta tampoco. Estoy hablando de situaciones que conocemos todos en nuestras propias provincias: trabajadores estatales que no cobran su sueldo por las retenciones que el propio Estado, o los bancos públicos, les hacen pasando por encima de cualquier sistema de límite a los embargos al tomarse como un descuento por planilla. Trabajadores que están en una virtual esclavitud, atados a trabajar para pagar, no saben qué; porque si hay algo que no tiene esta situación, además de dignidad, justicia y lógica, es información para el consumidor. Entonces, no saben qué pagan, a qué tasa ni por cuánto tiempo; a veces, ni siquiera saben a quién le pagan.
La situación, cada vez se incentiva más: el gobierno anterior incluso permitió que las “fintech” iniciaran descuentos directos de cuentas bancarias. En pocas palabras: proveedores casi sin control pueden iniciar descuentos en cuenta sin controles y el consumidor tiene que salir a reclamar luego. Por si fuera poco, el Estado mismo incentiva el endeudamiento de jubilados, trabajadores y consumidores en general, sea porque busca una reactivación económica o porque quiere cubrir sus propios déficits, pasando el problema al débil. De esto último voy a dar dos ejemplos claritos.
Uno es el que estamos discutiendo aquí: el Estado da préstamos a los jubilados, algo que se habilitó en el gobierno de Menem cuando impuso la idea de “sujeto de crédito” como un valor positivo y que implica, en la práctica, que muchas veces veamos abusos sin fines a los jubilados: tarjetas de crédito que no solicitaron, créditos que se impusieron en línea de caja, descuentos directos de todo tipo, financieras que se aprovechan. La lista es infinita. El Estado está permitiendo que los jubilados, que no cobran ni siquiera lo mínimo, se endeuden para cubrir lo que falta. Esto es grave y no solo pasa con los jubilados.
El segundo ejemplo, que creo es más grave, apunta a lo mismo: aprobamos una ley de teletrabajo que puso en el empleador otorgar las herramientas para ejercerlo ¡Pero el Estado mandó a los docentes a endeudarse con el Banco Nación para comprar sus computadoras! ¿Alguien duda que era el Estado quien debía entregarlas?
El problema del sobreendeudamiento es enorme y el Estado no puede ser una financiera. Presenté hace unos meses un proyecto integral para regular a las financieras y otro para combatir el sobreendeudamiento de los consumidores y así, de una vez por todas, tener una solución para este problema que hasta el país con el capitalismo más liberal solucionó hace décadas. Necesitamos regular a las financieras y frenar los abusos. Necesitamos tener un sistema de quiebras del consumidor. Pero me asusta que el Estado tome prácticas del peor tipo.
Quiero agradecer al señor diputado Heller por la apertura siempre al disenso y la buena predisposición. Ha tomado el oficialismo parte de nuestra propuesta y lo agradecemos. Pero tenemos que insistir con lo que ha faltado, porque es nuestra obligación con los consumidores y no nos parece un tema menor. Por eso propuse en la comisión, y lo hago ahora nuevamente, que saneemos los créditos de la ANSES. Hay una obligación, en el artículo 42 de la Constitución, de cuidar los intereses de los consumidores: no se puede hacer cualquier cosa.
La propuesta es muy básica: en el artículo 11 del proyecto, primero tenemos que aclarar que estos préstamos de la ANSES no pueden tener capitalización de intereses; segundo, tampoco habilitar unilateralmente la vía ejecutiva; tercero, mucho menos permitir las notificaciones por medios electrónicos. Lo hemos marcado muchas veces: menos del 50 por ciento de nuestros adultos mayores tienen acceso a Internet. ¿Cómo vamos a notificarlos de algo tan grave de manera ficta?
No quiero ampliar mucho más el tema. Solo quiero decir que la vía ejecutiva viola cantidad de derechos de los consumidores. El principal, el de defensa. Tenemos que ir a una eliminación del pagaré de consumo y, obviamente, de esta vía acotada de cobro. En especial en nuestros adultos mayores, que tienen una protección constitucional doble.
Pido al oficialismo que recapacite en este aspecto y tome la propuesta que formulamos. Demos el ejemplo para que el Estado sea un prestamista leal con los consumidores y no otra financiera.