La Unidad de Enlace con el Parlamento del Mercosur prestó toda su colaboración con la parlamentaria del Mercosur y presidenta de la Comisión de DDHH del Parlasur, Julia A. Perié, en su rol de coordinadora de todas las audiencias públicas en los países del bloque.

El día 9 de julio, se realizó una magnífica audiencia pública en el ámbito del Congreso Paraguayo, que contó con una amplia participación de funcionarios y de asociaciones civiles de la sociedad paraguaya, que encontraron en esta Audiencia el foro propicio para hacerse oír de manera oficial.

La Audiencia Pública de Derechos Humanos del Parlasur se llevó a cabo en la Cámara de Senadores del Paraguay. Estuvieron presentes los parlamentarios del Mercosur Julia Perié, Ricardo Canese, Daniela Payssé, José Morales, Luis Sarubbi, Amanda Núñez, Mirtha Palacios, Zacarías Vera Cárdenas, Crescencio Cáceres y Juan Alberto Denis Pintos. 

Los temas abordados fueron de una extrema amplitud, incluyéndose la violencia de género, la salud sexual reproductiva, la participación femenina en las actividades públicas, el accionar de las fuerzas de seguridad y represivas, en particular con los movimientos campesinos, la denuncia de torturas en dependencias policiales, la superpoblación de las cárceles, la libertad de prensa, la falta de imparcialidad en sectores de la Justicia, el trato hacia las personas pertenecientes al colectivo LGBT, la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura, etc.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de las Parlamentarias Mirtha Palacios y Julia Perié, como también de las presidentas de las comisiones de Derechos Humanos de ambas Cámaras del Congreso paraguayo, la Senadora Mirta Gusinky y la Diputada Olga Ferrería de López.  

Dando comienzo a la Audiencia, habló en primer lugar la Viceministra de la Mujer, Claudia García. Planteó "la necesidad de revisión de la Plataforma de Beijing, hecha hace 20 años, como así también evaluar los Objetivos del Milenio, ya que no contemplan los derechos de las mujeres de manera suficiente. El objetivo post 2015 es que la cuestión de género sea considerado como un punto en sí mismo. También es necesario incluir en la agenda el tema de la violencia de género".

Claudia García expresó que Paraguay ratifica los tratados internacionales sobre derechos, pero esto no se refleja en la vida cotidiana de las personas. "Es necesario avanzar en la cuestión de género no solamente por parte del Estado sino también de toda la sociedad. La Constitución reconoce la igualdad entre hombres y mujeres. Se avanzó en el acceso al empleo de las mujeres, pero todavía faltan muchos avances en el tema legislación", afirmó García.

García también sostuvo: "Existen numerosos proyectos relacionados a la temática, como ser de salud sexual reproductiva, la participación ciudadana, la baja participación electoral. Los lugares de poder están ocupados por mujeres solamente en un 14%". 

Dante Leguizamón, de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), indicó: "Desde la asunción de Cartes, aumentó el patrón represivo de las fuerzas de seguridad (policía y ejército). Se militarizaron 3 zonas del país, Concepción, San Pedro y Canindeyú. Hubo un aumento de procedimientos que terminaron en allanamientos y detenciones. Hubo represión en manifestaciones públicas, criminalización de la protesta".

"El patrón represivo no es nuevo, pero se incrementó con el nuevo gobierno. También aumentó la impunidad. De las 113 ejecuciones y las 2 desapariciones -entre 1989 y 2003- de dirigentes campesinos denunciadas, solamente se han juzgado 8 casos. Se busca desmovilizar la lucha por el acceso a la tierra", aseguró Leguizamón.

Asimismo, Leguizamón consideró: "En el caso Curuguaty, se evidencia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía: Nueve detenidos sufrieron torturas, hay adolescentes detenidos. Hubo violación a las garantías del debido proceso, al principio de igualdad y tampoco hay independencia del Poder Judicial. Existen crímenes de Lesa Humanidad aún impunes"

Sobre el Defensor del Pueblo paraguayo, Leguizamón aseveró: "Fue electo en 2001, y sigue en su puesto aunque haya caducado su mandato en 2008. Urge que se elija un nuevo Defensor mediante elecciones limpias y transparentes. El Plan Nacional sobre Derechos humanos se terminó de redactar en 2011 y fue mutilado por decreto en 2013".  

Por su parte, Jorge David Romero Morínigo, de la Fiscalía General del Estado, afirmó que la Fiscalía trabaja sobre tres ejes principales que son el acceso a la justicia, gestión de calidad y transparencia. Para el fiscal, el cumplimiento de la ley implica que no se excluya de los Derechos Humanos a los privados de libertad. 

Pai Oliva, miembro de la Organización Social Zonas Inundables, denunció principalmente a la Municipalidad de Asunción y a la Secretaría de Emergencias por no estar preparadas para actuar en la situación, los cuales ascenderían a 200.000 personas.

Por su parte, el Representante de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Andrés Vázquez trazó una descripción del Plan Estratégico 2011-2015: "Se establecieron 118 indicadores para un juicio justo. Existen cárceles superpobladas". 

Los señores Alcides Villamayor y Atanasio Galeano, de Radios Comunitarias COMUNICA, sostuvieron: "En Paraguay se está atentando contra la libertad de expresión. La ley vigente es violatoria de la Constitución Nacional en sus artículos 16, 26, 30 y 46; y protege al monopolio de los medios paraguayos que concentra el 98% del espacio radioeléctrico, dejando solamente el 2% a las radios comunitarias. El Estado desconoce los estándares internacionales. La prensa empresarial adhiere a la SIP, responsable de Golpes de Estado en varios países".

"Paraguay desconoce las recomendaciones emitidas por la OEA, la ONU y la CIDH. Se denunció la  persecución y hasta el asesinato de varios dirigentes de radios comunitarias, además de la represión en sus protestas. No hay libertad de expresión, solo libertinaje y terrorismo mediático. En Paraguay no existe la seguridad jurídica para ningún sector. No rige la libertad de prensa ni la libertad de expresión. Lo que sí existe es libertad de empresa", afirmaron los representantes de COMUNICA.

Los miembros de "Voces del Paraguay" afirmaron: "Asusta la persecución que reciben las radios comunitarias en el interior del país. Se les otorgan licencias por afinidad ideológica y es difícil conseguirla si uno no es Colorado. Las movilizaciones en reclamo del legítimo derecho son desoídas y reprimidas por las autoridades".  

Ida Sofía Díaz, de Acción por los Derechos del Adulto Mayor (ADAM), consideró: "Se necesita más atención del Estado, que se pague correctamente la pensión alimentaria establecida en la Ley 3728/09, que haya transparencia en el pago. Hay ingratitud hacia el anciano. Necesidad de que se concientice a los niños en las escuelas ya que muchas veces son las propias familias los que dejan de lado a los adultos mayores. Los asilos están colapsados. Se necesita percibir una jubilación digna".  

Nelson Aguilera y Lino Trinidad, de la Sociedad de Escritores del Paraguay, aseguraron: "Existen atropellos a la libertad de expresión y de creación en Paraguay. Aguilera está acusado de un delito que no cometió, ni tampoco fue correctamente juzgado. Tiene que haber justicia no solo para los ricos. Se condena al escritor a 30 meses de prisión por un hecho que no cometió. La justicia cometió atropellos en su contra. La fiscalía también fue parcial en el proceso".

La Min. Nimia Da Silva Boschert, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, indicó: "Llevamos adelante un trabajo de incorporación normativa en la materia. Paraguay es parte de los principales compromisos en Derechos Humanos. Se realiza un informe sobre la efectivización de los derechos contemplados en los tratados firmados por el país". 

Por su parte, Raquel Peralta, de Tierra Viva, denunció el desalojo violento y a la fuerza de la Comunidad Y´apo de sus tierras por parte de la empresa Laguna S.A. "Son tierras ancestrales de la comunidad y la Constitución obliga al Estado a defender los territorios ancestrales de los indígenas. El Estado es responsable por vender esas tierras que les pertenecen a la comunidad. La empresa contrató empresa de seguridad para desalojar a los indígenas, dejando muertos y heridos", indicó Peralta. 

Ramiro Paiva Godoy, del Ministerio de Justicia y Trabajo, consideró: "La reforma del sistema penitenciario comprende 4 iniciativas fundamentales: el marco normativo, la infraestructura y necesidades básicas, la escuela penitenciaria y la reinserción".  

La Federación Nacional Campesina expresó: "El 85% de la tierra está concentrada en pocos propietarios, es un país latifundista. La lucha de campesinos por el acceso a la tierra es constantemente reprimida y criminalizada. Hay más de 113 campesinos asesinados. Para la Federación Campesina hablar de derechos humanos es hablar de una reforma agraria. El modelo de explotación agroexportador está atentando contra los campesinos. El gobierno busca la privatización y entregar todo a las empresas trasnacionales".  

Martín Almada, de Fundación Celestina Pérez, dijo: "No existe voluntad política del actual gobierno relativa a los Derechos Humanos. Se refiere al avance de la investigación de la Operación Cóndor durante los años 70 del siglo pasado. Se apena por el escaso avance de las investigaciones de crímenes de lesa humanidad en Uruguay, y por la existencia aún de tribunales militares en Chile". 

Vicente Morales, defensor de los campesinos procesados por el Caso Curuguaty, sostuvo: "No hay voluntad de investigar lo ocurrido. La causa fue cajoneada. Murieron 17 personas y de las 14 personas que tienen condena por estos hechos, no están condenados por homicidios. Se dice que los presos de Curuguaty eran campesinos armados, ideologizados, que emboscaron a los policías que iban a 'conversar desarmados'".

"Estas afirmaciones que se hacen son absurdas y fuera de toda lógica. Se realizó una falsa construcción de los hechos. Participaron alrededor de 300 policías de la represión. Se incluyeron pruebas falsas en el juicio", denunció Morales.  

Adolfo Ruiz, de Agrupación Somos Gay, aseguró: "Hay una desprotección total del colectivo LGBT en el país. Hubo un retroceso en Paraguay en cuanto a este tema. La cuestión de los Derechos Humanos no debe quedar solamente en una pose para el Parlasur, la Audiencia tiene que servir de algo real para que se pueda garantizar el acceso a los Derechos Humanos en todo el MERCOSUR. Hay represión en las manifestaciones y violencia sistemática". 

Comisario Norma Enciso Osorio, de la Policía Nacional: Habló sobre competencias del nuevo Departamento de Derechos Humanos de la Policía creado en 2009. 

El Sr. Leguizamón, de CODEHUPY, sostuvo: "Hay 6 campesinos detenidos por el secuestro de Cecilia Cuba. Sufren persecución, pidieron asilo político en Argentina. Allí fueron detenidos y trasladados. No pudieron defenderse como corresponde. El juicio en sí ya tenía una sentencia antes del proceso. No hubo ni independencia de los tribunales. Están detenidos hace 8 años y 7 meses sin una sentencia firme".

"Así, se está violando el artículo 7.5 del Pacto de San José de Costa Rica. El Poder Judicial paraguayo no reconoce el tiempo de detención en Argentina. Mirna Rodríguez, familiar de uno de los detenidos, se pregunta por qué no tienen acceso a un  juicio justo", analizó Leguizamón. 

Rogelio Guaicurú, de Búsqueda de los Desaparecidos durante la Dictadura, indicó: "No se sabe a ciencia cierta cuántos desaparecidos hubo durante la dictadura en el país. Hay mucho miedo en la población para hacer las denuncias. Luego de 35 años de dictadura, la gente no se anima a denunciar. En segundo lugar, la gente no denuncia porque es pobre y aquí para acceder a la justicia se necesita tener plata. La justicia no es para los pobres".

"De los más de 600 acusados solamente un puñado fue juzgado. Existen más de 500 denuncias de desaparición forzada de personas, pero según los cálculos hay más de 2.000 desaparecidos. El Estado no aporta los recursos necesarios para el reconocimiento de los cuerpos encontrados. Se recuperaron 27 cuerpos", declaró Guaicurú. 

Judith Rolón, de la Defensoría del Pueblo, Dirección de Verdad, Justicia y Reparación, aseveró: "Esta Dirección recomendó la creación del Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no se creó. Falta voluntad política para búsqueda de desaparecidos. La Ley de Seguridad Interna hace que se pueda utilizar arbitrariamente el Estado de Sitio. Hay concesión ilegal de tierras (por ejemplo en el caso Curuguaty), hay 8 millones de tierras concedidas de manera ilegal".

"No avanza la justicia en Paraguay, la Procuraduría rechaza 3000 denuncias de víctimas de la dictadura. Se vendieron más de 300 niños indígenas al exterior. Es necesario asegurar la institucionalidad en Paraguay ya que hay un resurgir del neostroessnerismo", sostuvo Rolón. 

María Beatriz Melgarejo Giménez, de las organizaciones de víctimas de la dictadura, consideró: "La situación de los ciudadanos apresados por la dictadura es desesperante. Es difícil cobrar las indemnizaciones y tampoco hay actualización de los pagos. Hay censura del programa de las víctimas en Radio Nacional". 

La Coordinadora de Lucha por la Tierra y el Territorio de Canindeyú denunció sucesivos atropellos y problemas de posesión de la tierra. 

Por su parte, Laura Rivero, de la Promoción de los Derechos de las Personas con discapacidad, dijo: "Se quejó de la no previsión de un intérprete de Lenguaje de Señas. La ONU hizo 30 recomendaciones al Estado sobre la temática de discapacidad, las cuales no fueron cumplidas. Faltan cifras confiables sobre la cantidad de discapacitados, no hay cifras oficiales".

"Hay que usar la terminología correcta que es 'personas con discapacidad'. No tienen derechos y no pueden ser sujetos de políticas públicas", aseguró Rivero. 

Finalmente, el Representante del Sindicato de trabajadores de ACEPAR, aseveró: "Es una siderúrgica privatizada. El 33% pertenece a una cooperativa de trabajadores. El presidente del sindicato hace 55 días que está en huelga de hambre, Hugo González Chirico. La cooperativa es dueña de un tercio de la empresa y fue estafada por el socio mayoritario. Los trabajadores están en huelga, fueron despedidos hace 4 años. Se queja por la represión a luchadores. Hace un pedido de mediación y visita a los huelguistas".