Legisladores de diversos espacios políticos y analistas internacionales sobre derechos humanos participaron del Seminario sobre el rol de la Corte Penal Internacional y los organismos multilaterales en las Américas. 

Diputados, juristas y expertos internacionales participaron en el Seminario sobre la Justicia Internacional en las Américas y sus Desafíos. En el mismo se analizó el rol de la Corte Penal Internacional y de las organizaciones multilaterales en la defensa de la democracia y el estado de derecho. 

Se presentó, como antecedente de este debate, la solicitud de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue los supuestos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde el 12 de abril de 2014 bajo el gobierno de Nicolás Maduro. 

En la apertura de la jornada, la presidenta de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, diputada nacional Cornelia Schmidt Liermann, abogó por la “urgencia de contar con una justicia internacional americana que actúe ante la vulneración de los derechos humanos”. En ese sentido, afirmó que “debemos discutir sobre mecanismos que, ante un estado de emergencia, nos permitan actuar respetando los organismos y las instituciones”. 

El panel sobre el rol de la Corte Penal Internacional en las Américas, retos y oportunidades para su fortalecimiento contó con la participación de Tamara Sujú, directora ejecutiva del Centro de Estudios para América Latina (CASLA) de República Checa y representante de la Asociación Mundial de Juristas para la Corte Penal Internacional; el Ministro Gabriel Herrera, Coordinador de Derecho Internacional General de la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; y Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Moderado por la diputada nacional Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, concentró las principales reflexiones sobre la situación que los países americanos denunciaron ante la Corte Penal Internacional respecto de la crisis humanitaria de Venezuela. 

“Hemos recopilado más de 640 casos de denuncias de torturas vividas por ciudadanos venezolanos, que abarcan a ciudadanos cuyas edades van desde los 13 a los 64 años”, destacó Tamara Sujú en su exposición, al tiempo que agradeció el apoyo del gobierno argentino por acompañar este reclamo ante organismos internacionales de justicia. A su turno, el ministro Gabriel Herrera puntualizó que “Argentina tiene una larga trayectoria en la defensa de la democracia a nivel internacional” y expresó que “para nuestro país es una política de Estado”. 

Por su parte, Santiago Cantón rememoró la arquitectura legal universal que se fue construyendo desde 1948 en materia de derechos humanos. “Nuestra región es pionera en la gestión de esa legislación”, remarcó. Además, consideró que “a ese cúmulo de acuerdos y tratados le hacía falta la Corte Penal Internacional, porque no sólo se debe juzgar a los Estados sino también a los individuos que lideran esos procesos contra los ciudadanos de los distintos países”. 

Asimismo, en torno a la presentación realizada por parte de los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), dijo que “hoy es diferente, hay un acuerdo regional amplio como para poder avanzar con estas denuncias”. Entendiendo que “hay una voluntad política distinta que abre la oportunidad de avanzar en la defensa colectiva de los derechos humanos”, finalizó Cantón. 

Al terminar el panel, los diputados y especialistas abrieron una instancia de debate para escuchar la opinión de los legisladores.  La diputada nacional Karina Banfi, moderadora de esta mesa redonda, destacó que “estar todos presentes en este conversatorio hablando de la situación de Venezuela nos muestra que denunciar la violación a los derechos humanos nos debe unir y no dividir”.

Del mismo modo, Elisa Trotta Gamus, representante en Argentina de Juan Guaidó Márquez, señaló que esta unión “es clave para entender y acompañar el desafío que tenemos frente a la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por parte de los gobernantes que abusan del poder”.

Para cerrar el encuentro, el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, diputado nacional Luis Petri, manifestó –como se firmó en la Declaración del Grupo de Lima del 25 de febrero de este año– "la convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el amparo de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos y sin el uso de la fuerza". 

En la actividad participaron también los diputados nacionales Jorge Enríquez, Ezequiel Fernández Langan, Horacio Goicoechea, Alejandro Grandinetti, Lucas Incicco, Vanesa Massetani, Carmen Polledo y Paula Urroz. Además, el Consejero de Asuntos Políticos y Públicos de la Embajada de Canadá en Argentina, Patrice Laquerre; el Primer Secretario de la Embajada de la República Checa en Argentina, Jindrich Kubovský; el Fundador de CASLA, Ivan Pilip; y el Director General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto, de Presidencia de la H. Cámara de Diputados, Juan de Dios Cincunegui.